Un grupo de trabajadoras que asisten a personas con discapacidad se reunieron este jueves en la plaza Eduardo Costa para visibilizar su reclamo contra el Gobierno nacional, obras sociales y prepagas. Denuncia precarización laboral y advierten por el inminente cese de prestaciones.
Un grupo de trabajadoras que asisten a personas con discapacidad de Campana y Zárate se reunieron en la plaza Eduardo Costa para denunciar la "precarización laboral" a la que, aseguran, son sometidas por el Gobierno nacional, obras sociales y entidades de medicina prepaga.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las trabajadoras reclamaron la urgente actualización de su tarifario, el pago "en tiempo y forma" y la autorización de tratamientos, situaciones que afectan su prestación y que, aseguraron, han empeorado durante la pandemia.
"El objetivo de este día internacional es promover los derechos de las personas con discapacidad y visibilizar las problemáticas del colectivo", señaló Gladys Cardozo, musicoterapeuta de Campana, en diálogo con La Auténtica Defensa. "Este año nosotras estamos tratando de hacer visible que las personas que trabajamos con discapacidad nos encontramos en una situación bastante compleja y complicada, porque no estamos siendo respaldados por el Estado y seguimos viendo cómo se quiere generar una política de ajuste con respecto al área de discapacidad".
El reclamo se replicó en otros puntos del país, incluida la Plaza de Mayo, donde el colectivo denunció que la discapacidad está en "emergencia".
Desde Campana, Cardozo y sus colegas manifestaron su preocupación por la relación entre nivel de aranceles y costos fijos, la negativa de las obras sociales a autorizar tratamientos y el retrasó en los pagos generado, según ellas, por la intervención de la Superintendencia de Salud.
El "ajuste", aseveraron, "empiezan con nuestros aranceles".
"Tenemos muchas obligaciones, somos trabajadores independientes y muchas somos mujeres, y nos pagan en este momento 700 pesos la hora. De allí la mayoría paga seguros por mala praxis, seguros y alquiler del consultorio, monotributo: todos los gastos que te puedas imaginar. Todo eso con 700 pesos", expresó.
Y continuó detallando: "La mayoría trabajamos para las obras sociales y se supone que el Estado lo que tiene que hacer es supervisarlas para que nos paguen en tiempo y forma. El dinero no es de las obras sociales, es del Estado. El asunto es que las obras sociales y prepagas se quedan con el dinero, a veces no nos pagan, autorizan los tratamientos que quieren, nos pagan cuando quieren, ejercen violencia administrativa sobre nosotras, no responden a nuestros reclamos, cada vez nos piden más papeles para ver si pueden de alguna forma no pagarnos".
De acuerdo al testimonio de la musicoterapeuta "hay niños que desde el comienzo de la pandemia no les han autorizado los tratamientos", una irregularidad que "ya empezó en diciembre (pasado), cuando no sabemos por qué razón la Superintendencia de Salud decidió que tenía que controlar lo que hacían las obras sociales y a partir de ahí decidió que ya no nos pagarían más a nosotros hasta que ellos constataran que todo estaba bien".
"Tuvimos sin cobrar prácticamente hasta marzo o abril", aseguró la trabajadora, que indicó que en escenarios parecidos deben desempeñarse también "las maestras integradoras que trabajan con los chicos en las escuelas", así como "los transportistas" y "las instituciones, que no están recibiendo los pagos".
"Esto podría implicar que muchos de nosotros cambiemos de trabajo, las instituciones cierren y las personas con discapacidad no tengan atención", advirtió.
En las redes sociales se difundieron comunicados de entidades que agrupan trabajadores de la discapacidad. La página Prestadorxes Precarizadxs denunció "ajuste, recorte y vaciamiento sistemático en los tratamientos, en la cantidad de horas y en la cantidad de profesionales del area".
"Esto de la mano, también, de las condiciones de precariedad como prestadores de servicios, Monotributistas, tercerizados por centros categorizados y cámaras prestacionales, conjuntamente con las obras sociales y prepagas, con la complicidad de la agencia Nacional de Discapacidad y la Superintendencia de Servicios de Salud", añadió.
