Es uno de los principales referentes políticos en la redacción del Proyecto de Ley de Humedales que se trata en el Congreso de la nación. "Tiene que ser el fruto de un acuerdo de todos los sectores y no se va a sacar a las apuradas, ni de espaldas a ningún sector", señaló.
Invitado por la Regional Delta y Pampeana de la Asociación Forestal Argentina, el Consejo de Productores Del Delta, y la Cooperativa de Consumo, Forestal y Servicios Públicos del Delta, el diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso realizó una extensa visita al Delta Bonaerense que se inició por San Fernando, incluyó una visita al INTA y se extendió por el Carabelas hasta su confluencia con el canal Alem.
La trascendencia de la visita del legislador está relacionada principalmente con su rol en la cámara de diputados de la nación que lo tiene como presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y principal cara visible en la construcción de un proyecto de Ley de Humedales que reflejará la confluencia de, hasta el momento, 5 proyectos presentados en Diputados, y otros tanto en Senadores.
"Cualquier proyecto de ley de humedales, deberá reconocer la preexistencia y continuidad de todas las actividades productivas sustentables tal y como se vienen realizando responsablemente en esta parte del Delta Inferior, comprendidas en el departamento Islas del Ibicuy en Entre Ríos y en Buenos Aires en los municipios de San Fernando, Tigre, Escobar, Campana y Zárate", señalaron los anfitriones durante una reunión en la que participaron también productores de diferentes rubros tales como el forestal, el mimbre y agropecuarios, además de docentes, y pobladores en general.
En la oportunidad, se le hizo entrega de los documentos "Protagonistas del Humedal" que fuera emitido el pasado 20 de septiembre por 16 diferentes entidades del Delta bonaerense, y "Aportes a la Ley de Humedales", redactado por el Arquitecto Miguel A. Otero.
"La ley de Humedales es una necesidad para nuestra sociedad, por eso hay que discutirla con todos los sectores y crear acuerdos comunes", señaló el diputado Grosso, y explicó que hace ya 3 meses que se inició el debate abierto y público con miras a llegar a una redacción que tenga en cuenta todas las miradas: "La Ley de Humedales tiene que ser el fruto de un acuerdo de todos los sectores y no se va a sacar a las apuradas, ni de espaldas a ningún sector". También recordó que sólo en diputados, el proyecto de ley deberá tener el acuerdo de 5 comisiones: Presupuesto, Vías Navegables, Agricultura, Industria y la que él preside. En ese sentido, trascendió que una de las ideas es que en el dictamen unificado haya un apartado particular referido a la actividad productiva y otro para el desarrollo inmobiliario o urbanístico.
"Ninguno de los proyectos presentados establece ninguna prohibición taxativa. Lo que se plantea son presupuestos mínimos de conservación para los emprendimientos productivos, inmobiliarios o mineros que se desarrollen, y no tienen que destruir los servicios ecosistémicos de esos humedales. No se puede prender fuego 70 mil hectáreas de pastizales como hicieron en el Delta del Paraná, no se puede construir un country rellenando una laguna y obturando la capacidad de absorción de ese humedal. Lo que hay que hacer, en definitiva, es invertir un poco más. A lo que se niegan estos intereses que bloquean el tratamiento de la ley es a la regulación del Estado. Nosotros no queremos prohibir nada, lo que queremos es poner reglas claras que preserven los servicios ecosistémicos, que son un beneficio de toda la sociedad y que no pueden ser patrimonio de quienes hayan comprado una tierra donde se encuentra un humedal", remarcó el legislador y sobre su proyecto en particular recordó: "Planteamos multas, con un máximo de 843 millones de pesos. ¿Y eso por qué? Además de tener un criterio de responsabilidad extendida, que la multa no la paga el peón que prende fuego sino el empresario dueño de las tierras, las ponemos altas porque si no las incorporan a sus costos de producción, pagan la multa y siguen ganando mucha plata. Si se hacen sanciones administrativas se entiende que son para inhibir a las empresas a llevar adelante una práctica que el Estado entiende que es perjudicial".
En el proyecto de Grosso se prevén penas para los infractores que no sean excarcelables y van de 1 a 10 años dependiendo del tipo de delito, con responsabilidad extendida hacia los dueños de las tierras pero también abarca a los funcionarios que teniendo información al respecto no actúen de manera correcta. "Si no hay apoyo popular, la ley no sale. Nosotros tenemos toda la voluntad de sacarla pero en el medio los planetas siempre se alinean con el poder económico, entonces tenemos que movilizarnos, estar muy atentos, no dejar caer el tema en la agenda", alertó.
Grosso fue invitado por la Regional Delta y Pampeana de la Asociación Forestal Argentina, el Consejo de Productores Del Delta, y la Cooperativa de Consumo, Forestal y Servicios Públicos del Delta.
