"Estamos ante un esquema de política criminal vinculada al tráfico de estupefacientes que está agotado" expresó el magistrado, integrante de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires. Dialogó con La Auténtica Defensa sobre estas situaciones y también sobre la percepción existente sobre la administración de Justicia.
Durante agosto, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires difundió dos documentos que tuvieron amplia repercusión: uno que denunciaba la superpoblación de detenidos en dependencias policiales bonaerenses; y otro, solicitando derogar la Ley 13.392 que llevó a la provincia a asumir competencia en la represión del "narco-menudeo".
El Dr. Julio Andrés Grassi (44 años) es Juez de Garantías de la Departamental Zárate-Campana desde el año 2016 y, a su vez, es vocal suplente de la Red, una entidad que se constituyó en el año 2000 en Mar del Plata y que agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense "comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal", según remarca la Red en su sitio web.
"Me vinculé a través del Dr. Luciano Marino (NdR: también Juez de Garantías de la Departamental Zárate-Campana), que me invitó a unas jornadas en el año 2017. Por entonces, la Red todavía no estaba tan ampliada como ahora, tenía menos integrantes y las jornadas académicas eran más íntimas. Conocí a la gente involucrada y me sentí sumamente identificado con los valores y los ideales que perseguían y sostenían que debían ser custodiados y defendidos desde la operatoria judicial. Además, es un honor compartir el espacio con personas, magistrados y profesionales tan prestigiosos del fuero penal. Así que estoy muy agradecido y sumamente honrado que me hayan permitido participar de la Comisión Directiva", explicó Grassi en diálogo con La Auténtica Defensa
-¿Qué ámbito encontró en esta Red de Jueces Penales?
-Es un espacio muy horizontal, de mucha cordialidad y camaradería fundamentalmente. Y desde el punto de vista académico, aunque no es mi caso, la mayoría de los integrantes tienen una notoria trayectoria e, incluso, muchos son docentes muy reconocidos en algunas universidades del país. Así que es un espacio muy enriquecedor, donde se generan debates sumamente interesantes, con diversidad de opiniones, que está caracterizado por la pluralidad y no está atravesado por posiciones partidistas, por lo que hay mucha libertad para discutir y plasmar ideas de lo más diversas. Y si bien siempre hay diferencias de opinión, invariablemente se logran puntos de encuentro que terminan prevaleciendo. O sea: una síntesis superadora de todos los intercambios.
-¿Cuál es su análisis para la Departamental Zárate-Campana sobre el tema de la superpoblación de detenidos en dependencias policiales, una situación que afecta a todo el territorio bonaerense y que la Red reveló con mucho detalle en uno de sus últimos documentos?
-Ese documento se basó en un trabajo muy valioso y profundo que hizo el Dr. Marino, quien además intervino en la redacción. Con respecto a la situación en la Departamental, los tres jueces de Garantías estamos sumamente movilizados y empapados de lo que ha sido la evolución de la situación de superpoblación en ámbitos de encierro, porque tanto la Dra. Graciela Cione como el Dr. Marino y yo, permanentemente llevamos a cabo relevamientos y hacemos gestiones, no solamente formales, sino también contactándonos con personas que tienen poder de decisión dentro de las estructuras del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense para lograr dar un paliativo a la situación. Lo veníamos haciendo desde hacía muchos años atrás. Incluso, cuando yo acompañaba como Secretario al Dr. Marino, se hacía un trabajo denodado para tratar de mantener las comisarías del distrito en su cupo y lo que se ha venido suscitando, fundamentalmente con la pandemia, es que este trabajo que nos lleva tanta energía, esfuerzo y tiempo comenzó a tornarse gradualmente cada vez más improductivo. Fuimos notando que se venía generando desde marzo un incremento en el número de personas alojadas y la falta de derivación de detenidos en comisarías a los ámbitos en los que deberían permanecer, que son las alcaidías o eventualmente las unidades carcelarias.
-¿Qué factores influyen en esta situación?
-Esto tiene que ver con dos factores: el primordial es estructural, porque en la provincia de Buenos Aires se verifica desde hace mucho tiempo una situación de sobrepoblación generalizada de personas en situación de encierro. En segundo lugar, esto se puso aún más de manifiesto con la situación de pandemia porque, por razones vinculadas a la cuestión sanitaria imperante, determinados espacios de encierro se cerraron al ingreso de detenidos que venían del ámbito de dependencias policiales. Entonces, estos establecimientos determinaron regímenes de ingreso de personas que mermaron mucho el traslado de detenidos. Y lo mismo ocurrió con las alcaidías, que son el establecimiento intermedio por el cual ingresan las personas al sistema carcelario. Lo que se pretende es que el detenido transcurra algunas horas en la Comisaría, ingrese luego en una alcaidía y que desde la alcaidía, una vez resuelta su situación procesal, sea derivado a un establecimiento carcelario con su medida de coerción ya resuelta. Este mecanismo entró en una situación de disfuncionalidad con la pandemia. En marzo ya habíamos empezado a detectar que había problemas en los ingresos a las alcaidías y comenzaba a prolongarse la estadía promedio de los detenidos en las comisarías, pero la situación se encontraba medianamente controlada. Se verificaban casos de incipiente sobrepoblación en ciertos momentos, pero eran prontamente corregidos. Sin embargo, de repente, se suscitó una situación en las que los pedidos que hacíamos se tornaron improductivos.
-Una situación que genera consecuencias negativas para todos los involucrados.
-Sí, esto se traduce en la situación tan disgustante como alarmante que conlleva también, de alguna manera, como efecto colateral, severos trastornos a todas las agencias involucradas. Porque las comisarías, como bien lo dice el comunicado de la Red, terminan por transformarse en pequeñas penitenciarias de barrio; el personal policial se encuentra expuesto a situaciones extremas de vulnerabilidad desde el punto de vista sanitario, debido al escenario de hacinamiento que hay y el escaso distanciamiento entre los internos; mientras que, por otra parte, el crecimiento exponencial de alojados en comisarías demanda a la Policía una mayor cantidad de recursos humanos dedicados a la custodia de estos detenidos, distrayéndolos de su función primordial que es brindar un servicio de seguridad a la comunidad. Entonces, los órganos jurisdiccionales nos vemos en la encerrona de encarar y sobreesforzarnos en gestiones para tratar de corregir esto y se suscitan a su vez numerosas demandas judiciales para corregir estas situaciones produciéndose así una sobreactuación de la jurisdicción para tratar de corregir estos planteos formales. Todo ello condiciona los criterios en materia de coerción, porque de alguna manera termina siendo un factor patológico, pero un factor que en definitiva limita la capacidad de decisión, a veces, de manera importante.
-Además, han ocurrido tragedias recientes en dependencias policiales en los últimos años.
-Se transita por una situación que, a mi modo de ver y después de más de 20 años de carrera judicial, nunca ha sido de sobrepoblación tan extrema en ámbitos de comisarías. Estamos yendo a contramano de lo que la Corte había planteado a fines del año pasado como objetivo a alcanzar en el transcurso del corriente año: atenuar el nivel de hacinamiento en espacios de encierro. Venimos de dos antecedentes muy severos, ocurridos en los años 2017 y 2018, cuando se produjeron siniestros en dependencias policiales que alojaban detenidos que dejaron un saldo de muchísimos muertos. Y esas terribles experiencias lejos están de haber servido como factor de cambio estructural. Al contrario: hoy nos encontramos transitando las mismas condiciones que, en su momento, posibilitaron que se dieran estas dos desafortunadas situaciones en Pergamino y Esteban Echeverría, ésta última ocurrida en noviembre de 2018, con un saldo de 11 muertos. Sobre el punto la Red de Jueces ha sido sumamente consecuente a lo largo de toda su existencia y ha denunciado siempre este fenómeno, incluso en los años anteriores. Hay infinidad de documentos que han sido citados en el último comunicado y que pusieron de manifiesto la preocupación de la Red respecto a este aspecto disfuncional del sistema penal, que tiene que ser corregido con políticas estructurales y sostenidas en el tiempo. Como contrapartida, este año, más allá de este episodio particular que se dio con la pandemia, estamos ante un escenario que está lejos de ser revertido y que, por el contrario, a mi modo de ver se ha agravado de la manera más preocupante, ello es: con la sobrepoblación y el hacinamiento extremo en dependencias policiales, que son justamente los espacios más precarios, los que peores condiciones de habitabilidad reúnen.
-En otro documento reciente, desde la Red de Jueces se ha solicitado la derogación de la Ley provincial 13.392, cuestionando los resultados de la desfederalización de las actuaciones en torno al "narcomenudeo".
-En definitiva, lo que pone de manifiesto la Red con este documento es algo sobre lo cual, muchos de sus integrantes, no a través del espacio, pero sí en los diferentes ámbitos en los que han intervenido de manera individual, han venido denunciando desde que la ley de desfederalización se sancionó y entró en vigor. El comunicado pone de manifiesto el fracaso de una estrategia, que es la que adoptó la provincia de Buenos Aires para encarar el combate de fenómenos y conductas englobadas dentro del tráfico de estupefacientes vinculadas a los últimos eslabones de la cadena de comercialización. Esta decisión de política criminal ha tenido, a mi modo de ver, como bien lo pone de manifiesto el documento, resultados negativos tanto en términos eficacia como de eficiencia, es decir: en lo cuantitativo y lo cualitativo. Se advierte que lejos está de haberse atenuado el narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires, mientras que la cantidad de detenidos crece exponencialmente a la vez que crece también exponencialmente el nivel de manifestación del fenómeno del "narcomenudeo". Esto nos pone de frente al fracaso de una política que, para muchos, ya resultaba errónea desde sus inicios. Fundamentalmente porque se combate de manera parcelada y fragmentada al agente más fungible de todo el universo de intervinientes en la cadena de lo que es el tráfico de estupefacientes, que no es otro que es el vendedor que llega al consumidor. Esta persona es rápidamente reemplazada, de manera casi instantánea, una vez que ha sido captada por el sistema penal. Y en la provincia de Buenos Aires, donde se aprecian niveles de marginalidad tan amplios, de profunda vulnerabilidad y postergación, existen potenciales oferentes para esta actividad que están en una suerte de latencia y de manera automática pasan a ocupar esa función que dejó vacante quien ha sido neutralizado por el sistema penal. En definitiva, la provincia de Buenos Aires se ha dedicado al combate y la persecución de lo que sería el epifenómeno de una realidad mucho más amplia que es la que debería ocupar la mayor cantidad de recursos y energía.
-El título del documento de la Red es "Deteniendo microvendedores no se ataca al narcotráfico" y en el texto se marca también que las detenciones que se dieron han agravado los problemas de superpoblación y hacinamiento.
-La denuncia del documento se traduce básicamente poniendo de manifiesto que estamos en presencia de un esquema de política criminal vinculada al tráfico de estupefacientes que está agotado y que ha demostrado que lejos está de haber producido un resultado favorable en el combate contra este flagelo. Por el contrario, se han evidenciado efectos totalmente negativos, con un componente que lo agrava que es la superpoblación que genera la cantidad de detenidos que se han incorporado al sistema penitenciario provincial. A esto se suma otra cuestión, que también señala el documento, que es el hecho de que nunca se pusieron a disposición de la provincia de Buenos Aires, por parte del gobierno nacional, aquellos recursos que resultaba necesario que fueran reasignados para poder complementar el esfuerzo asumido. De hecho, nos vemos en la situación de no contar con los recursos como para afrontar desde el punto de vista judicial la carga que comporta esto; las Policías no cuentan con suficiente capacitación y formación; las Delegaciones de Investigación de Tráfico de Drogas no terminan de abarcar territorialmente con sus medios la cantidad de fenómenos a investigar; no se cuenta tampoco con medios técnicos en el Poder Judicial como para dar tratamiento a las innumerables pericias que se deben practicar con motivo de todos los secuestros que se producen…
-¿Estos resultados negativos se advierten también muy claramente en Zárate-Campana teniendo en cuenta que existe un Juzgado Federal en la ciudad?
-Desconozco cuáles son las estadísticas, los criterios y la forma en la que se ha implicado la Justicia Federal en las infracciones a la Ley 23.737. Yo creo que al fenómeno hay que analizarlo en términos integrales, porque la verdad es que no sería muy provechoso ni muy apropiado llevar a cabo un análisis de cada distrito, porque en ese sentido vamos a ver realidades muy heterogéneas. A medida que nos vamos alejando de la zona metropolitana, el fenómeno del narcomenudeo va teniendo dimensiones diferentes, donde, quizás la realidad en este aspecto sea radicalmente distinta. Pero si uno analiza globalmente cuál ha sido el impacto de esta decisión en términos de política criminal en base a los objetivos que se perseguían, que eran combatir el fenómeno del "narcomenudeo" a nivel local, podrá advertirse que cualquier parámetro que se tome en consideración arrojará un saldo negativo.
-Incluso en el encierro y tratamiento de "ese agente más fungible de todo el universo de intervinientes en la cadena de los que es el tráfico de estupefacientes".
-No existen espacios especiales de encierro donde se puedan alojar a las personas detenidas por conductas vinculadas al narcomenudeo y lo que yo he apreciado, porque la experiencia me lo permite afirmar, es que no existe la posibilidad de darle a estas personas un tratamiento diverso al que se le da a quien viene siendo captado por otros fenómenos criminales. No hay un mecanismo tratamental especialmente dirigido a determinados fenómenos criminales, está todo bastante entremezclado en las unidades carcelarias. Y si estamos todos medianamente de acuerdo en que los espacios carcelarios tienen como finalidad ofrecer a los condenados herramientas para que no reincidan, tendrían que existir abordajes adecuados a la situación de cada individuo claramente vinculados a la modalidad delictiva por la cual fueron captados. Eso no sucede. Son situaciones muy diversas que están siendo abordadas con una misma herramienta en el ámbito carcelario y de alguna manera, eso también gravita al momento de la reincidencia. Ello es así porque el lugar de encierro tiene un efecto contaminante: la persona que ingresa por "narcomenudeo" entra en contacto con aquel que ingresó por delitos contra la propiedad y ese contacto genera un flujo de información que lejos está de tener un efecto virtuoso. De ese modo hay muchos factores que se pueden analizar y que están muy bien explicados en el comunicado de la Red; que son consecuencias negativas y que, en definitiva, dan cuenta que se tomó una decisión desacertada y que debe ser revisada por los órganos correspondientes del Estado.
-En los últimos años, especialmente desde los medios de comunicación, pareciera existir una lupa muy grande sobre el accionar de la Justicia, aunque no ocurre lo mismo sobre el contexto de limitaciones en el que debe trabajar día a día.
-Yo vengo discutiendo esto en el seno de la Red y hago dos observaciones. Una tiene que ver con lo que los medios deciden recortar de la realidad, con la interpretación que hacen de esa parcela de la realidad y con lo que deciden exponer ante los consumidores de medios. Sobre eso, poco y nada podemos hacer. A mí lo que más me preocupa es cierta postura de explotación de la información de los medios por parte de determinados actores de la política tendientes a dirigir ciertos señalamientos al sistema judicial, basándose en premisas que son totalmente falsas. Y esto es recogido otra vez por los medios de comunicación. Entonces, desde el espacio judicial se nos abren varios frentes. Uno es el que componen aquellos actores de la política que, de alguna manera, para desdibujar las responsabilidades políticas en torno a una situación concreta construyen en torno al sector judicial la imagen de un chivo expiatorio de los males que aquejan a la sociedad. Después los medios de comunicación recogen este guante, lo replican y lo magnifican; y finalmente nos encontramos con la opinión pública, que se forma una idea totalmente negativa de lo que es la operatoria judicial. Por otra parte, el vecino común no sabe que el universo de lo judicial es un escenario sumamente complejo que engloba muchas realidades y problemáticas distintas y que no se puede hablar de "lo judicial" basándose en generalizaciones, más allá que respecto de ningún fenómeno se debe hablar basándose en generalizaciones. Pero para la gente existe la percepción de que se tiene una comprensión acabada de lo que es el universo judicial, cuando en realidad no hay una inteligencia muy clara de lo que implica y abarca la administración de justicia y de todos los aspectos que tiene. Entonces, de repente, si un artículo de un diario expone que los jueces de cierta jurisdicción reciben un aumento de sueldo determinado en un contexto de recesión y de postergación salarial de la comunidad en general, el consumidor de esa noticia parte de la base de que todos los que estamos involucrados en la actividad estamos inmersos en esa realidad. Yo creo que esta falta de conocimiento de la realidad judicial es explotada por ciertos sectores de la política para disimular algunas falencias que vienen no desde lo estrictamente judicial, sino desde otros estamentos del Estado. Hubo un comunicado de la Red en este sentido con respecto a la supuesta liberación masiva de personas en el mes de abril y la verdad es que en el mismo período del año anterior se habían producido más libertades. En ese sentido la población tiene que saber que las libertades no tienen que ver con que los jueces se levantan una mañana y dicen ´vamos a liberar detenidos´, sino que ello encuentra explicación en que las penas se agotan y las personas condenadas deben recuperar su libertad; o que hay mecanismos que la ley prevé que establecen la salida anticipada de personas que están bajo un régimen de ejecución penal. No significa entonces que los jueces se autoimponen la tarea de ver cuánta gente pueden liberar. Todas esas son circunstancias en las que observo a algún actor de la política que explota determinadas percepciones de la población basadas en premisas falaces dirigiendo un señalamiento hacia la administración de Justicia para, de esa manera, distraer las responsabilidades que le caben a determinados sectores de la política en relación con ciertas situaciones adversas que debe atravesar la sociedad. Claramente, el escenario de inseguridad que hoy enfrentamos, y que se verifica en determinados territorios de la provincia de Buenos Aires con registros altos, no ha tenido que ver con una liberación masiva de detenidos. No se trata un fenómeno que se genera de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con que, evidentemente, se han dispuesto las condiciones para que el nivel de conflictividad social se vaya incrementando gradualmente y se vaya manifestando mediante conductas que están en conflicto con la ley penal y que no solo se circunscriben en delitos contra la propiedad. Esto se ha denunciado desde varios espacios: tenemos un nivel de conflictividad grande en otro tipo de delitos, como los interpersonales, ya sea violencia de género, violencia familiar o simplemente violencia vecinal, mucho más recurrente que en otras épocas y esto no tiene que ver con la liberación de detenidos. Pero aquellos hechos que más calan en el ideario colectivo son los que ofenden la propiedad, aquellos que trascienden el ámbito de intimidad de los involucrados o los delitos sexuales. Y con esto no estoy haciendo un juicio de valor sobre aquellas personas que se movilizan con estos acontecimientos, sino que señalo lo que considero una realidad. A nivel de la opinión pública no sería ningún hallazgo darse cuenta que, cuando se habla de inseguridad, no se está hablando de delitos vinculados al tránsito automotor ni de delitos de violencia familiar o vecinal. Cuando se habla de inseguridad se habla de aquellos hechos que se dan contra la propiedad, fundamentalmente. A eso es a lo que generalmente se refiere el ciudadano común, por darle una definición coloquial. Y no digo que este mal ni bien; en definitiva, es lo que moviliza a muchísimas personas. Pero en la grisalla que es el término inseguridad se pierden una infinidad de fenómenos que, a mi modo de ver, no están lo suficientemente significados por el ciudadano común como integrantes de la conflictividad social. Están un poco solapados, fuera del espectro de apreciación de la ciudadanía. Muchas veces, porque gran parte de la ciudadanía está muy inmersa en esa realidad y hasta la naturaliza.
POR LA AUTARQUÍA Y MÁS EMPATÍA
A sus 44 años y después de haberse recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Dr. Julio Andrés Grassi lleva más de 20 años en el Poder Judicial y casi cuatro como Juez de Garantías de la Departamental de Zárate-Campana.
Desde esa experiencia, ¿qué le gustaría que suceda en la evolución del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires?
-Todo estamento del Estado necesita del cambio permanente para estar siempre medianamente a la altura de las circunstancias. En este contexto se han dado cambios, algunos de ellos trascendentales. Siempre van a cambiar las cosas y los escenarios y eso siempre es esperable, por eso creo que como servicio de Justicia tenemos que estar permanentemente a la altura de los acontecimientos y tratar de generar los cambios necesarios para adaptarnos a los escenarios que se nos van planteando. Lo que tendríamos que mejorar todos en conjunto desde el ámbito judicial debería ser la percepción que existe en la ciudadanía respecto de nuestro trabajo. No digo que no lo estemos intentando, porque yo creo que lo hacemos, pero quizás no lo suficiente. Por eso deberíamos plantearnos de qué manera llegar mejor al ciudadano y a empatizar como poder del Estado con la opinión pública y con las personas que reciben este servicio de Justicia. También eso necesita de cambios estructurales a nivel del Estado en su conjunto, del provincial fundamentalmente. El Poder Judicial Provincial debe tener una autarquía financiera, una autonomía real, cosa que hoy no tiene. De hecho, la partida presupuestaria del Poder Judicial es minoritaria en comparación con lo que son algunas carteras del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Creo que lo primordial es lograr una autarquía financiera real, que le permita gestionar al Poder Judicial sus propios recursos para ser realmente independiente frente a otros poderes. Ese sería un cambio positivo. Y en cuanto a revertir la percepción negativa que existe de nuestro trabajo, también me parece que hay una contrapartida desde la ciudadanía: toda visión debe estar construida en base a información de calidad. Por un lado, la información de calidad nos debería llegar desde los medios de comunicación, cosa que muchas veces no sucede. Por otro lado está el deber del ciudadano de estar debidamente informado sobre las situaciones que lo movilizan, porque también existe cierta posición de construir una concepción de la realidad basándose muchas veces en información de escasa calidad. Pero para eso deberían mejorar muchos otros campos del quehacer estatal, porque si una persona no tiene una capacitación o cierto nivel de educación, difícilmente pueda obtener y nutrirse de información de calidad para construir una visión mínimamente autónoma de la realidad.
