El gobierno de Alberto Fernández y las autoridades británicas de las Islas Malvinas están sumidos en una nueva escalada diplomática por el reclamo de soberanía, que se reactivó en en las últimas semanas luego de que la ONU instó al Reino Unido para retomar las negociaciones sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Mediante una resolución, el Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) había reiterado el llamado al Reino Unido y a la Argentina a retomar las conversaciones para "encontrar a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía". Ese dictamen fue copatrocinado por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité Especial: Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, había planteado que el tema era "prioridad" para la gestión de Alberto Fernández, donde sinceró la ofensiva que se materializó la semana pasada con la sanción de dos leyes que aprobó el Congreso y que crean un Consejo que fije políticas de Estado con respecto a la cuestión soberana.
La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas respondió al giro diplomático con otro duro comunicado en el que manifestó que a medida que los países del mundo continúan batallando con los múltiples y devastadores impactos del COVID-19, resulta absolutamente acertado que cada uno de los gobiernos del globo "se vuelquen con firmeza a la meta de proteger a su gente y a tener el virus bajo control", por lo que era "decepcionante" la política del gobierno de Alberto Fernández.
Según el organismo kelper, la política desplegada por el gobierno argentino es un "intento de escalar el reclamo de soberanía sobre las Islas, con un nuevo mapa de ruta focalizado en tres objetivos, todos los cuales con el con el propósito de ejercer coerción, amenazas y presiones legales a aquellos que continúan trabajando junto a nuestra nación y que respetan nuestro derecho a la autodeterminación". En esa lista de naciones "amigas", remarcó, están los gobiernos de Uruguay y Chile.
