Opinión:
Caída libre
Por Arq. Jorge Bader

No solo a nivel nacional. En España por ejemplo, la caída ha representado una disminución del 80% en el nivel de actividad global.

El promedio de los países centrales es similar según explican fuentes de la consultora DoubleTrade, que ha analizado los efectos del Coronavirus en el sector de la construcción, en virtud de un acuerdo con el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) para el suministro de toda la información de obras y proyectos.

En nuestro país la caída libre se acelera sumándose a la crisis acumulada del sector. Si consideramos que, en el 2019, ya venía con números negativos respecto del 2018, tenemos un panorama complejo para un sector central de la economía.

Los números publicados por el INDEC son alarmantes. En el mes de abril la producción manufacturera cayó 33,5% con respecto a abril de 2019, en la construcción la parálisis fue casi total: se registró una baja estadística del 75,6%. La baja acumulada a la fecha equivale al 40% en relación a similar periodo del año anterior, superior a los índices de baja promedio de otros sectores de la industria.

Estamos frente a un escenario complejo porque la construcción dinamiza la producción y la comercialización de innumerables productos y es el movilizador de un alto porcentaje de mano de obra en fuerza.

No quiero abundar en muchos más datos ya que esto que reflejo acá es conocido y mucho se ha debatido históricamente sobre la ventaja de la reactivación de la obra privada como motor de las economías locales. Sí quiero, centrar mi atención en las estrategias múltiples que esta crisis exige.

La primera observación que me surge tiene que ver con la reestructuración de las regulaciones. Los códigos que, con una lógica proposicional diferente, han establecido limitaciones poco explicables y han contribuido a la caída libre de la actividad. En Campana las regulaciones superpuestas a las limitaciones expresadas por la Ley de Uso del Suelo (Ley provincial 8912), manifiestas en nuestro Código de Planeamiento, son directas responsables de una desinversión del sector construcción.

Alturas límite que no han dado ningún resultado objetivo en el perfil urbano deseado, incluso según criterios de definición poco coherentes, o exigencias extremas de espacios para estacionamiento tempo-rario o definitivo son algunos de los temas que han impuesto un freno adicional a la evolución de la inversión edilicia.

No olvidemos que la construcción es un ámbito netamente local de resguardo de valor, dinamizador de la inversión, generador de tributos públicos, y una solución al problema habitacional.

Apoyar el sector es dinamizar la economía, y esto implica replantear las estrategias del sector público. En estas últimas semanas, ante el panorama agudizado por la crisis del COVID, se ha formulado y está en proceso, una revisión de la reglamentación vigente, donde en algunos aspectos se vuelve a las fuentes reglamentarias fundadas en la Ley de Uso del Suelo, que mencioné más arriba y que es básicamente el punto de referencia obligado de la política territorial de la Provincia de Buenos Aires.

Este replanteo implica la flexibilización de indicadores, con el objeto de apoyar la inversión inmobiliaria, y con ello favorecer la dinamización de los sectores eslabonados de ese sector de la economía. Profesionales del sector, corralones, ferreterías, proveedores de insumos sanitarios, mano de obra de distintos niveles de calificación pero sobre todo de carácter netamente local y propietarios en busca de la resolución de sus necesidades o el resguardo de su inversión, son apenas una parte del amplio espectro que se ve involucrado en ésta redefinición de parámetros urbanísticos y edilicios.

Siempre se debate si lo necesario es suficiente. Estamos frente a un problema que exige estrategias múltiples y participaciones convergentes. La revisión de parámetros reglamentarios que planteen un perfil urbano más lógico es solo un aspecto de la ecuación que se sustancia a nivel local, lo cual expresa un cierto dinamismo en la respuesta requerida por el sector.

Tenemos también responsabilidades provinciales en la gestión de tramitaciones en cuanto a propiedad horizontal o certificaciones y en este momento muchos de esos trámites están suspendidos o ralentizados por el ritmo dispar de las dependencias administrativas, algunas de ellas totalmente cerradas al público.

También es preciso revisar los mecanismos de tramitación y fiscalización en todos los niveles.

La pandemia ha permitido avanzar en las aplicaciones específicas y revalorizar la sistematización y las gestiones virtuales y esto representa una ventaja en tiempos afectados y en mecanismos dinamizadores.

Sin embargo, aún estamos en el primer escalón de la evolución hacia una motorización del sector y quizás este sea el punto central de las políticas públicas futuras para apoyar la reactivación.