Los argentinos vivimos una realidad compleja y angustiante; tiempos de exclusión, de inestabilidad, de inseguridad que nos imponen trabajar con tesón por la vigencia plena de los derechos humanos como requisito para construir un futuro mejor. Los derechos humanos han sido una conquista de los pueblos del mundo en su afán por garantizarse sus prerrogativas esenciales. Y representan la arquitectura ética y legal indispensable para construir una sociedad libre y justa.
Afrontamos una época signada por profundas y, en la mayoría de los casos, dolorosas transformaciones económicas, políticas y sociales. Ya no somos aquella sociedad incluyente, que exhibía con orgullo una dinámica de movilidad social ascendente, que creía en sus potencialidades y se ilusionaba con un porvenir venturoso. Nuestra realidad de hoy es diferente. En el espacio público que compartimos predominan la decadencia moral y la pobreza de actitud, de oportunidad, de capacidad. Somos protagonistas de un proceso de fragmentación, de precarización social, que ha puesto en jaque el vigor, incluso la existencia misma, de nuestros derechos.
La Institución que represento, a lo largo de estos años, se convirtió - por su carácter multifacético y abarcativo - en la destinataria de reclamos de justicia, pedidos de información y de atención de numerosas personas que habían visto violentados sus derechos. Quedó demostrado - una vez más - el accionar abandónico del Estado observado en el creciente deterioro de los derechos humanos y sociales en general, en el agotamiento del sistema de salud, en la insuficiencia de las políticas referidas al medio ambiente, en el poco menos inexistente control sobre los servicios públicos y, en definitiva, la comprobada laxitud de la casi totalidad de las funciones a cargo del Estado.
La deserción del Estado respecto de sus obligaciones básicas contribuyó de manera decisiva a crear un escenario de fragilidad institucional. Los argentinos han demostrado que creen en la democracia y que apuestan a su vigencia como el mejor medio para hacer valer sus intereses. Pero es imposible una democracia saludable y plena con instituciones vaciadas de credibilidad. Nuestra crisis tiene evidentes efectos sociales y económicos, aunque su principal carencia es política. Estoy convencido que podremos remontarla sólo con una fuerte institucionalidad política.
La existencia de una renovada y sólida institucionalidad política es requisito primordial para dotarnos de un Estado que garantice nuestro derechos, que defienda y aliente el compromiso colectivo con una sociedad equitativa e incluyente. Tenemos que recrear un Estado moderno, dinámico y eficiente, capaz de arbitrar y contener las crecientes desigualdades, que se desenvuelva como competente representante del interés público a la hora de establecer un punto de equilibrio entre las demandas y las necesidades de los actores sociales y económicos.
En este sentido, las instituciones deben responder a las expectativas de quienes dependen de ellas, los ciudadanos, haciendo realidad la condición de instrumento y espacio adecuado para la realización de sus requerimientos.
Como Defensor del Pueblo de la Nación estoy convencido que la vigencia de los derechos humanos es condición necesaria para proporcionarnos una sociedad justa y libre. Quienes asumimos la responsabilidad de velar por los derechos de las personas, pero también los agentes económicos y sociales, tenemos que ir más allá del enunciado teórico, de la prédica cargada de retórica. Debemos informar, concientizar y educar para crear una dinámica de convivencia que se asiente en aquellos principios.
La sociedad debe realizar una reflexión seria y desapasionada. El vigor de los derechos humanos, la credibilidad de las personas en sus prerrogativas, es una obra de todos y representa un reaseguro para la democracia. La violación de dichos derechos no se combate sólo con la denuncia ni con meras exhortaciones voluntaristas, sino a través de políticas activas, creativas, inclusivas y participativas. Nos debemos como sociedad una cultura de derechos humanos, que los difunda, los popularice, los saque del plano de lo simbólico y los sitúe en la realidad.
Tenemos un duro camino por recorrer, una ardua tarea por realizar. Una sociedad justa y libre es incompatible con el estado de tensión latente que genera el incesante agigantamiento de la brecha que aísla a un masivo sector social de la condiciones indispensables para el bienestar. Es fundamental un ejercicio de sincera y responsable autocrítica que nos permita afrontar y juzgar los trágicos acontecimientos que signaron nuestro pasado reciente. Tenemos que ocuparnos, con igual determinación, de los desaparecidos por razones políticas como de los marginados en el lacerante dibujo social de la Argentina de estos días, nuestros desaparecidos sociales.
Mi voluntad fue siempre la de trabajar para cambiar esa situación. Si queremos ilusionarnos con un futuro mejor necesitamos una sociedad libre, equitativa y comprometida con el bien común. Todos tenemos nuestro granito de arena que aportar. Y las herramientas para recuperar nuestro destino son la solidaridad, la tolerancia y el respeto, antes que el interés economicista o el sentimiento utilitarista que predominaron en tiempos recientes.
