En lo que va del año siete niños argentinos de la etnia Wichi han muerto en la provincia de Salta por problemas causados por falta de alimentación y tomar agua contaminada. Debemos recordar que es la única agua a la que tienen acceso.
Refiriéndose a este tema y sin ningún pudor, la ministra de salud salteña Josefina Medrano, sostuvo en una entrevista radial que "no es de hoy que los chicos mueren en esta época del año, hace muchos años que sucede esto en la provincia".
Esta burda y repetida excusa del "yo no fui" lejos de disminuir la culpa la agranda enormemente, señala al gobierno salteño y particularmente a la ministra Medrano y pone al descubierto no sólo lo poco que les importa la vida de los salteños sino también el grado de impunidad con que están acostumbrados a gobernar. Es de destacar que la ministra está íntimamente relacionada a los grupos antiabortistas "Pro vida". ¿Así defienden la vida?
Tal como nos tienen acostumbrados la derecha cuando es gobierno en cualquier lugar, también en la provincia de Salta la atención de la salud está tercerizada a favor de la Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil) presidida por Abel Albino, un oscurantista pediatra mendocino, integrante del Opus Dei y que era asesor del PRO en desnutrición infantil.
Este pediatra ya había conseguido otros convenios durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires como así también durante la gestión del abogado Alejandro Finocchiaro en el Ministerio de Educación de la Nación con el engañoso objetivo de "mejorar las condiciones de educabilidad de los niños entre 3 y 5 años".
La naturalización de estas muertes evitables que mucho tienen que ver con que son niños Wichis no sólo revelan la intolerable desidia del estado sino también lo inapropiadas y peligrosas que resultan ciertas prácticas gubernamentales cuando, con la escusa de abaratar costos, se privilegian los negocios, esto es pagar a terceros lo que es deber ineludible del estado y está demostrado que delegar en estas terceriza-ciones no garantizan ni salud ni siquiera la vida de la población.
Ante tanta desidia el gobierno de la Nación envió a Salta 674 millones de pesos para atender esta gravísima situación que no es otra cosa que una más de las tantas nefastas consecuencias de las políticas neoliberales.
Lo cierto es que lo que le sucede al pueblo Wichi rebautizados por los conquistadores, o sea los huincas, como Matacos no es distinta a la de los demás pueblos originarios a quienes no sólo les quitaron sus tierras sino también todos sus derechos. Pretender quitarles su identidad y su forma de vida son actos de extrema violencia que no se merece ningún ciudadano.
Para los tecnócratas de turno las tragedias como la que ocurre en Salta no tienen relevancias ni estadísticas por ser sólo siete, ni electorales, máxime cuando ocurre en pueblos condenados desde hace siglos a la marginalidad y la pobreza pero que no se resignan a perder su identidad a la que tienen derecho. Vale recordar que son ellos los verdaderos dueños de las grandes extensiones de tierra que en nombre de la civilización les fueron usurpadas y que ahora sigue ocurriendo generalmente en nombre de la soja. Y como si esto fuera poco, lo que les quedó está siendo contaminado por la mega minería. Es hora de que de una vez por todas prevalezca el espíritu humanitario por sobre la avaricia de la acumulación capitalista, si es que verdaderamente pretendemos ser seres humanos.
