Opinión:
Tres patitos y algo más
Por Arq. Jorge Bader

La Compañía General de Fósforos estaba ubicada originalmente en Avellaneda. El fósforo era un insumo básico para los hogares, el responsable del inicio del fuego, elemento que si bien recordamos, cambió el destino evolutivo de la humanidad. Los palitos de esos fósforos venían de árboles que se plantaban en explotaciones agropecuarias controladas.

Un dato de color que marcó la producción fue el origen del nombre de las cajas de fósforos. Un imprevisto durante su proceso de fabricación fue el responsable.

Cuenta la historia que, "generalmente, se calculaba que la máquina que cargaba las cerillas volcaba un promedio de 220 aproximadamente. Sin embargo, la primera caja en completarse cargó exactamente 222 fósforos. Por eso, la marca fue nombrada Tres Patitos debido a la forma del número 2, que se parece a un pato. Su historia se remonta a la alianza de tres fábricas de cerillas. Una de ellas, fundada en Barracas al Norte por Bolondo Lavigne & Cía., en 1877, otra iniciada en Barracas al Sur (Avellaneda) por A. Dellachá & Hno., en 1882 y una tercera instalada en el barrio de Belgrano en 1884, por Francisco Lavaggi e hijo, se unieron en 1889. Así, crearon la Compañía General de Fósforos, que a partir de 1929 pasó a formar parte de la Compañía General de Fósforos Sud Americana SA (Cgfsa)." (La Nación 12/01/2014)

La plantación del Tajiber en Campana era propiedad de esta compañía y desde los principios de la empresa es una explotación agrícola industrial, tal como lo dice el código local desde sus orígenes. No quiero abundar en la historia que es de público conocimiento y si no lo fuera es simple encontrarla publicada, de hecho, hace unos años una investigación periodística de Florencia Trucco ahonda en el tema.

Me interesaba empezar mi reflexión con esta nota de color, para adentrarme en detalles menos coloridos. La realidad es que yo formé parte de los informantes claves que, en oportunidad del desarrollo del Plan estratégico de Campana, en épocas del Intendente Jorge Varela analizó estos aspectos, fui de los que planteó y dicho sea de paso, consta en el libro pertinente de ese plan, la necesidad de constituir grupos de trabajo para repensar el Tajiber, ya hace 20 años atrás identificado como un punto focal del potencial desarrollo futuro de la ciudad.

Hacía años se debatía que la evolución tecnológica con el desarrollo de la electrónica había desplazado el rol del fósforo tradicional, baste con ver la evolución de los encendedores y el famoso magiclick, y lentamente el mercado en su mutación había desactualizado la explotación agropecuaria intensiva de producción de madera para esos fósforos históricos. Eso preanunciaba que en algún momento se iba a producir una intención de reutilización de ese predio. Estoy hablando de no menos de 20 años atrás, años en los cuales a pesar de haberse modificado el código de planeamiento nunca se tomó con la debida seriedad la cuestión planteada en aquel plan de desarrollo, y era obvio que lo que se ignoró por años habría de eclosionar en algún momento. Y ese momento es hoy.

La sociedad se ha puesto de pie para manifestar su desacuerdo con esta rezonificación apurada y sin consenso público, tal como consta en la constitución de la Asamblea Ambiental local. Los mismos actores políticos que aprobaron un código de planeamiento sin leerlo hoy lo ignoran en sus preceptos básicos y suponen que por suspender las audiencias públicas evitan la responsabilidad que les cabe al ignorar e incumplir ese requerimiento claramente planteado en el mismo código que se presume, deben defender.

No quiero hacer una observación desde el lugar político o ideológico, cada uno verá cual es la posición que más le cabe según su percepción de la realidad, y está por fuera del interés periodístico que persigue este artículo. Lo cierto que en las sociedades capitalistas modernas los privados quieren hacer negocios y maximizar sus beneficios y muchas veces olvidan las responsabilidades sociales ambientales y si bien esto es criticable, forma necesariamente parte de las reglas de juego de la libertad del mercado, nos guste o no, y eso genera reacciones sociales, mal que les pese a algunos.

Yo quiero enfocarme en la responsabilidad que les cabe a decisores y actores políticos que tiene la obligación de velar por los intereses comunitarios y garantizar la calidad del ambiente y el desarrollo armónico futuro. Ninguna acción privada es posible si no se cuenta con la participación del sector público que puede aprobar, desaprobar o pautar esa acción. Objetivamente el privado está en libertad de peticionar lo que más le interese según sus expectativas, y esto es el fundamento del desarrollo productivo, pero es el estado en cualquiera de sus formas quien debe permitir o denegar esas apetencias. Y acá está para mi visión la cuestión central de este tema.

Durante 20 años a pesar de tenerlo planteado en el plan de desarrollo como uno de los objetivos sociales centrales para la comunidad, no se hizo nada, tampoco se trabajó en la creación de consensos para las posibles adecuaciones de ese predio, no se planteó una negociación creativa con los propietarios para analizar las ventajas urbanas posibles, y nunca se incorporó el espacio a ningún plan de desarrollo urbano social o productivo con nuevas improntas, tanto es así que se ratificó el uso agropecuario industrial hace 6 o 7 años atrás cuando se modificó el Código. Y de pronto y por la simple solicitud de un actor interesado, se procede a la revisión de una zona que tiene un impacto territorial equivalente a la de una nueva ciudad, donde además hay fuertes condicionantes ambientales poco clarificadas, donde en ordenanzas anteriores se reconoce la condición de humedal y en informes posteriores se expresa que se trata de una superficie históricamente endicada y transformada en un área de riego e inundación controlada. La antropización del espacio invalidaría la condición de humedal, pero esto se contradice con los informes que avalan ordenanzas anteriores emanadas del mismo concejo deliberante que lo reconocen como tal. Además, el mismo proyecto incluye usos variados lo cual pone más en evidencia que el estado municipal no tiene un plan de desarrollo urbano consensuado y cualquier colectivo lo deja bien.

Esta suma de contradicciones históricas es lo que, para mi visión, constituye la confusión más grande y la crítica más objetiva. Y esto es lo que me preocupa.

Que no hayamos podido operar como comunidad de intereses en la construcción de un imaginario colectivo consensuado sobre el futuro de nuestro territorio, y ahora lleguemos a este punto de conflictividad donde las cuestiones se mezclan entre lo ambiental, lo planificatorio, lo productivo y lo social, donde se arma una batahola de posiciones encontradas que se podía haber obviado si hubiéramos cumplido con lo más simple que era ponernos a trabajar en la planificación urbana.

De nuevo no me hace feliz decir "te lo dije", porque me recuerda a mi abuela cuando me reprendía por no hacer caso frente a alguna situación de riesgo previsible desde su experiencia. Pero hace 35 años que ejerzo mi profesión, y muchos de esos años en que escribo sobre la cuestión urbana, y siempre he planteado que en la medida que no tomemos este tema del patrimonio que gestamos entre todos con la correspondiente seriedad, vamos indefectiblemente a tener una crisis de confrontación que cada día se va a poner más compleja porque en la misma situación que hoy manifiesta este territorio, están las zonas complementarias de la ciudad, las áreas extraurbanas, los bajos afectados por áreas industriales y las extensas áreas no clasificadas del suelo del partido. Si cabe alguna duda, permítanme que avale mis dichos con la historia reciente, desde la radicación de industrias varias, empresas de logística o las cárceles mismas, que implicaron necesarias adaptaciones o interpretaciones del Código según la demanda y no según la expectativa urbana pensada y planificada.

Y por último, si mis opiniones no resultan lo suficientemente creíbles simplemente me remito a referenciarme en las palabras de Diego Sánchez González, en su análisis sobre el plan urbano de México, (publicado en el número 42 de la revista de estudios sociales en Bogotá) en alusión a la globalización y la re funcionalización productiva de las ciudades, donde dice algo más o menos así, "Sin plan urbano consensuado, hay un inevitable conflicto social".