Buenos Aires (Especial para NA por Luis Torres) -- La ¨grave preocupación¨ manifestada por un ¨alto funcionario¨ del gobierno de los Estados Unidos, cuya identidad fue atribuida a Roger Noriega, aunque éste la desmintió 24 horas después, puso al presidente Néstor Kirchner, que se encontraba en la ciudad de Pekín, al borde del grito, tanto fue su enojo.
El anónimo funcionario norteamericano se había referido no solamente al problema de la inseguridad, sino también a la recurrencia de los piqueteros y a las dificultades políticas entre Duhalde y el Presidente.
La reacción de Washington era casi esperada porque los piqueteros violentos, en su última incursión, habían asolado importantes locales de una firma norteamericana de comidas rápidas.
Fue tanta la ira presidencial que instruyó a su canciller Rafael Bielsa para que respondiera con ¨la máxima dureza¨, lo que así ocurrió.
Echando mano a conceptos tales como ¨hartazgo¨ del gobierno argentino ante las diferentes opiniones públicas del señor Noriega, Bielsa recomendó al funcionario ocuparse de sus propios problemas internos.
Tras 24 horas de tensión y de unas diferentes y ásperas respuestas de otros ministros, la relación con los Estados Unidos pareció volver a su cauce, que nunca fue dulce y placentero, según los comunicados y las declaraciones, tanto de uno como de otro gobierno.
La administración Washington recalcó que Argentina es ¨un país amigo¨ en tanto que Buenos Aires decidió ¨dar por terminado¨ el episodio.
Dar por terminado no significa que la problemática realmente haya concluido.
Sobre todo en dos aspectos centrales: la crisis de los piqueteros duros que conduce directamente a la crisis policial bonaerense por los copamientos de las comisarías y por otra parte a la irresuelta relación política entre Kirchner y Duhalde.
Empecemos por los piqueteros y el problema policial.
El miércoles pasado se celebró el Día de la Prefectura y el jefe de la Policía Federal estuvo ausente. La razón aparente es que debió poner todo su esfuerzo para contener la renuncia o pedido de retiro de seis altos jefes de la institución en agrio desacuerdo con aquella frase de que ¨el gobierno no ordenará reprimir a la policía de gatillo fácil¨.
Aparentemente superada la situación queda todavía observar en que desembocará la orden impartida por Felipe Solá de que aquel comisario que es incapaz de defender su comisaría y cae ésta en manos ajenas, automáticamente es declarado prescindible.
Después vinieron decenas de aclaraciones en boca de Graciela Giannetassio, a cargo del gobierno por ausencia de Solá.
Que tienen que darse ciertas condiciones, que la regla es para aquellos que huyen y abandonan el edificio, que la sanción es para los que son ¨incapaces de conversar con los vecinos alterados¨, etcétera.
Pero el final sigue abierto, porque sobre la policía bonaerense pende la permanente espada de Damocles instalada allí por León Arslanian, convocado para poner fin a la inseguridad del conurbano bonaerense.
El otro tema irresuelto, las hondas diferencias políticas entre Kirchner y Duhalde, parecen encaminarse a una suerte de ¨pacto de no agresión¨ cuando el próximo miércoles se reúnan los presidentes sudamericanos en Foz de Iguazú.
Ese será el instante en que ambos líderes tendrán oportunidad, no tan solo de sonreir para la foto, sino de dirimir en reserva y en secreto, algunas de las cuestiones básicas que le preocupan a Duhalde, entre ellas ¿quién conduce al peronismo?
Si tomamos la voz de su esposa como un reflejo parecido al menos del pensamiento político del ex presidente, hay que decir que Duhalde quiere a Kirchner presidente del PJ.
Pero si escuchamos la voz de uno de los más íntimos amigos del Presidente, como es Alberto Fernández, tenemos la visión opuesta.
El Presidente no quiere hacerse cargo de ese compromiso por el tiempo que le llevaría y por su propia concepción política de la modernidad.
Por esa rendija de indefiniciones hacia fin de mes se va a producir un acontecimiento de alto nivel político.
Los gobernadores De la Sota, Obeid y Busti lanzarán lo que han denominado la ¨Región Centro¨, una iniciativa cargada de aristas económicas, pero que a nadie se le escapa conlleva también un enorme peso político.
Jorge Busti es de la idea de invitarlo al Presidente a ese lanzamiento y se considera muy poco probable que los otros gobernadores se hagan los zonzos.
Pero la ¨Región Centro¨ ambiciona no solamente tener beneficios de exportación, radicación de industrias, etcétera, sino la de ir capturando voluntades políticas con vistas al mediano plazo. Y sobre todo, teniendo en cuenta cierta anarquía que vive la dirigencia peronista bonaerense.
En una palabra: De la Sota cree poder capturar voluntades bonaerenses para que se incorporen a su proyecto Centro, lo cual ya le daría a la iniciativa una solidez envidiable.
A partir de aquí todas las conjeturas y las especulaciones son válidas.
Pero el lanzamiento teórico ya se hizo. Lo formuló el propio De la Sota desde Pekín, hablando con un grupo de periodistas y se lo confirmó el gobernador Busti a este cronista hace pocas horas.
Finalmente asumió en la Corte Elena Highton de Nolasco, la primera mujer que alcanza tan alto rango.
Uno de los primeros expedientes que la jueza pidió para empezar a estudiar en la mañana del último jueves es el explosivo caso de la constitucionalidad de la nulidad de las leyes del perdón.
Si los jueces de la Corte determinan que esas leyes fueron constitucionales, todos los militares retirados que están siendo juzgados por violaciones a los derechos humanos vuelven a sus domicilios liberados de culpa y de cargo.
Pero si los magistrados opinan lo contrario y sostienen que las leyes del perdón no fueron constitucionales, los juicios siguen adelante y cada cual recibirá su condena.
Esta es por lo menos la gran política de defensa de los derechos humanos inaugurada por el actual gobierno.
En el cóctel de recepción de la nueva jueza las versiones iban de un rincón a otro del salon ardiendo como brasas y ya contabilizaban cuanto menos cuatro votos favorables a los militares detenidos.
El otro tema que también se comentó en el cóctel es el problema de los amparos por los cuales los ahorristas que estaban en el ¨corralito¨ lograron extraer su dinero. El voto que anda circulando, se comentó en ese ágape, es uno por el cual los bancos tendrían derecho a reclamarle a los ahorristas que se llevaron los dolares una devolución porcentual, porque pagaron el amparo cada dólar a más de tres pesos y ellos pretenden pagarlo a sólo 1,40 pesos más CER.
Ambos casos tendrán enorme resonancia política. El primero porque va al corazón de los derechos humanos, y el segundo porque va al corazón de los derechos de propiedad.
