Buenos Aires, (NA)- Los gremios de estatales bonaerenses efectuaron ayer una huelga y volverán a parar hoy junto a los docentes provinciales, en una nueva escalada del conflicto que mantienen con el Gobierno de Felipe Solá, que amenazó con sancionar a los sindicatos que concreten las protestas.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó ayer un cese de actividades que, según su titular, Hugo Godoy, tuvo un alto acatamiento en las dependencias de la administración pública provincial, donde también hubo medidas de fuerza de judiciales y profesionales de la salud.
Esas organizaciones volverán a parar hoy en simultáneo con los sindicatos SUTEBA y FEB, que conforman el Frente Gremial Docente Bonaerense y que desde las 11:00 se movilizarán hacia la Casa de la Provincia en la Capital Federal para expresar sus reclamos de suba salarial.
Esas protestas implican en los hechos un nuevo distanciamiento con la administración de Solá, que había decretado la conciliación obligatoria con los gremios estatales, luego de la sucesión de paros efectuados por esas agrupaciones durante tres semanas.
Tras el anuncio de los gremios, el ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouillerón, advirtió a los gremios que podría «aplicar desde multas hasta la pérdida del registro que tienen acordado» para funcionar si no acatan la conciliación obligatoria, que obliga a suspender las medidas de fuerza por 15 días.
Mouillerón dijo que va a «intimar» a los sindicatos para que «depongan las medidas» de fuerza, y advirtió que de lo contrario se les abrirá «un expediente sumarísmo». «Se hará lo que dice la ley, que es aplicar desde multas hasta la pérdida del registro que tienen acordado con el Ministerio de Trabajo», dijo el funcionario.
Sin embargo, desde los sindicatos relativizaron la advertencia, a la que calificaron cono una «bravuconada» cuyo objetivo es «sembrar confusión y temor a los trabajadores», según expresó Godoy a la agencia Noticias Argentinas.
En ese marco, los sindicatos advirtieron que endurecerán sus respectivos planes de lucha si el Gobierno de Solá aplica sanciones a los gremios que efectúen paros para reclamar un aumento de los salarios. Desde la óptica de esas organizaciones, el dictado de la conciliación obligatoria implica una medida «arbitraria» en razón de que convertiría a la provincia en «juez y parte» en el conflicto salarial.
Por su parte, los gremios nucleados en la CGT provincial acataron la medida dispuesta por el Ministerio de Trabajo, aunque no aceptaron la propuesta de aumento de 85 pesos mensuales para aquellos trabajadores que cobren haberes inferiores a los mil pesos y volverán a reunirse el martes próximo con representantes del Gobierno.
