Los Derechos del Consumidor al debate

Ayer por la tarde tuvo lugar la "Jornada de Actualización en Derecho de Consumo" en el Colegio de Abogados de Zárate Campana, actividad para matriculados que estuvo a cargo de la Fiscal Gabriela Boquín. La oportunidad también sirvió al presidente del CAZC, Marcelo Fioranelli, para presentar formalmente en sociedad la creación de la Comisión de Derechos del Consumidor que a partir de la semana que viene comenzará a reunirse bajo la coordinación de Paola Cano y Romina Carrizo.

En resumidas cuentas, Boquín explicó a la prensa que la Ley 24.240 se encuentra en revisión, pero ni abogados, ni representantes de los consumidores fueron convocados a la tarea; y que la actual ley pone en desventaja a los consumidores ya que se depende de la buena voluntad de la empresa cuestionada en participar de una audiencia de mediación; y no existe ninguna instancia de sanción si la empresa no participa. Incluso aclaró que las facturas que ABSA está distribuyendo en Campana en ese momento no son legales, dado que está cargando un 16% de aumento que no llegó actualizar en la factura anterior. "Con el pago de la factura, la operación quedó cerrada. Nadie puede refacturar porque se equivocó, o no tuvo tiempo no sé de qué. Es lo mismo que ir a un restaurante y me quieran cobrar lo que perdieron cuando fui la vez anterior, porque no alcanzaron a imprimir los nuevos precios en el menú. Cuando pagué aquella comida, finalizó la operación y como consumidor no tengo ninguna otra obligación", señaló.

Gabriela Boquín tuvo su primer caso importante como abogada cuando la contrató la línea 148 de colectivos, que estaba en concurso de acreedores, y logró probar una administración fraudulenta en la quiebra y remover al Síndico.

Hoy como Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal desde 2015, se destaca por manifestar su oposición al acuerdo por el cual el Estado nacional aceptaba condonar al Correo Argentino el 98,87% de una deuda que hoy, a valores reales según sus cálculos, alcanza los $4 mil millones, calificando el acuerdo como "ruinoso" y "abusivo"; e incluso en un dictamen posterior denunció que la firma del Grupo Macri actuaba de mala fe al haber iniciado tres demandas para obtener resarcimientos del Estado Nacional por supuestos daños derivados de la estatización del servicio postal en 2003.

Consultada al respecto, Boquín se negó a hacer declaraciones sobre la causa, aclarando que no era una funcionaria mediática y que sólo se expresa públicamente a través de sus resoluciones y escritos. Ya apagados los micrófonos, el periodista de La Auténtica Defensa Popular le dijo: "No se achique, Fiscal". Boquín, de baja estatura, contestó: "La naturaleza ya me hizo bastante chiquita. Imposible que alguien logre achicarme".