Nuestra vapuleada Argentina nos instala en un mapa social, al menos, complicado. Ocupación y desocupación son los dueños de la máquina excavadora, responsable de la zanja que nutre la fragmentación social.
Contar con una obra social, sigue siendo un privilegio de los ocupados, jubilados y pensionados. La paradoja es que ese privilegio se está convirtiendo en una especie de engañoso contrato, del cual no podemos prescindir y tampoco disfrutar.
La salud atendida por las obras sociales, ha mostrado en el último período, enormes déficit en la atención por falta de insumos, presupuesto adecuado y deterioro general de la situación sanitaria. Con el peso insostenible de la corrupción, nucleada por negociados entre prestadores privados y administradores (generalmente) estatales.
Leyes y decretos que obedecen a lo que se diera en llamar ¨Emergencia Sanitaria¨, no han sido suficientes para reorganizar un sistema que esta viciado de burocracia, negligencia y una consecuente ineficacia, logrando únicamente, incertidumbre y falta de confianza. Alimentando una agresividad social que marca, discrimina y aísla.
Las legislaciones vigentes no se cumplen, ni se hacen cumplir. ¿De que sirve entonces, una ley de cobertura obligatoria, el programa médico obligatorio de Emergencia o la ley de discapacidad? Si, como dice el dicho popular: ¨hecha la ley, hecha la trampa¨.
Malas administraciones y abusos varios, son la justificación para nuevas y aún más burocráticas modalidades. No dudo de la existencia de las primeras, pero también me consta la inutilidad de las segundas.
Presentar al menos media docena de fotocopias por un trámite, no solo suma tiempos que no siempre se cuentan cuando la enfermedad apremia, sino que tampoco le otorga claridad, equidad ni resultados positivos para beneficiarios y obra social.
Los tramites se pierden, se cajonean, se traspapelan. Aparecen autorizaciones dos meses después de requeridos. Se deniegan procedimientos y medicamentos indispensables, mientras se autorizan otros sin demasiado criterio y a mayores gastos.
En tanto, pacientes y familiares, remamos desesperadamente entre la incertidumbre, el desamparo y la incomprensión de quienes nos consideran un número que pide y pide... ¿caramelos? ¿Un viaje a la costa? ¡NO SEÑORES! ¡Pedimos medicamentos indispensables para la salud, y en muchos casos para la vida!¡Pedimos procedimientos quirúrgicos, técnicos, asistenciales indispensables para la prevención el tratamiento y la recuperación de una calidad de vida digna!
¿Acaso, creerán que a los pacientes nos gusta tanto tomar remedios que los pedimos de gusto?
¿Si el abuso es de los médicos o los establecimientos de salud, no pueden ser ellos los auditados y controlados? ¿Por qué los pacientes debemos lidiar con sus guerras internas?
Y ¿el sentido común? Podría enumerar docenas de casos donde hablaríamos de abandono de persona. Casos, que podríamos contarle a un niño de 10 años y sabría cual es la solución, mientras que las obras sociales se quedaron inertes, con respuestas incoherentes y arbitrarias.
Este caos era propiedad de PAMI, IOMA y demás prestadoras estatales o gremiales, hoy, de a poco se suman las prepagas.
¿Estamos realmente indefensos y sin recursos? Espero que no.
Quizás (y como siempre les digo todo depende de un frágil quizás) solo sea hora de recordar que los derechos adquiridos no pueden ser arrebatados, que la unión hace la fuerza y que podemos mantener nuestra dignidad diciendo basta y reclamando nada más ni nada menos que lo que nos corresponde.
