LA PLATA, (Especial de AIBA). Un régimen de Coparticipación Federal injusto e inequitativo impacta decisivamente en el sistema educativo de nuestra provincia, causando, entre otras cosas, una mayor inequidad en la distribución de la calidad educativa.
Cuando consideramos los aciertos y fracasos en el Sistema Educativo de la Provincia de Buenos Aires además del fuerte impacto que ha tenido sobre él, la transferencia de los servicios educativos nacionales y las estrategias de implementación de la transformación educativa; no podemos soslayar el análisis del nuevo esquema de financiamiento educativo en el marco de la coparticipación federal de impuestos.
Si comparamos los incrementos de coparticipación entre las diferentes provincias y su correlato con el incremento del gasto educativo, a partir de 1991 notaremos diferencias que nos permitirían inferir que muchas de ellas no asignaron de manera específica los recursos incrementados por la transferencia, a educación, no siendo el caso de nuestra provincia, que ocupa los primeros lugares en los incrementos de la inversión en el área, pasando de 508 pesos por alumno en 1991, a más de 1.000 en el 2001 con un 98 por ciento de incremento.
La Provincia cuenta con más de la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza, resultando entonces, una provincia empobrecida y sometida a un régimen injusto de distribución de recursos por parte del gobierno Nacional. Cuando hablamos de provincias ricas y provincias pobres debemos poner la mirada en indicadores objetivos que nos dan cuenta que mientras nuestra provincia recibe anualmente del gobierno nacional, 315 pesos por habitante; en promedio, el resto de las provincias recibe 534, un 60 por ciento más; lo que sería entendible si al analizar el total de lo que se recibe por habitante sumando los recursos propios a los de la coparticipación, nos diera un esquema de equidad para todos los argentinos.
Sin embargo, esto no es así ya que la provincia de Buenos Aires es la que menos gasto por habitante tiene en todo el país, 790 pesos ´per cápita´ , que es tan sólo un el 20 por ciento del gasto por habitante que tiene la Provincia de Santa Cruz de 3.900 o el 18 por ciento del correspondiente a Tierra del Fuego, que es de 4.300 pesos por habitante.
La Provincia de Buenos Aires, aporta el 35% del PBI nacional y recibe apenas el 21.5 por ciento, es la que menos empleados públicos por habitantes tiene en todo el país y como si esto fuera poco, un ejemplo claro de la discriminación que padecemos los bonaerenses lo tenemos en que mientras si se reconocen regalías de explotación del subsuelo a algunas provincias productoras de petróleo o gas, en nada se reconoce a la nuestra que genera riqueza a partir de la explotación del suelo ya que la Nación se apropia de la totalidad de los recursos generados por retención a las exportaciones del agro y nada de esto se nos coparticipa.
El 38 por ciento de los alumnos del país estudia en escuelas bonaerenses y la discriminación fiscal que sufre la Provincia de Buenos Aires repercute directamente en la calidad de vida de todos sus habitantes, y particularmente en el tema educativo que nos interesa. Jerarquizar el rol docente con una adecuada recomposición y política salarial; disponer de un fondo de inclusión educativa para asistir a los sectores mas vulnerables alcanzando una cobertura plena y oportuna ; dotar a las escuelas de todos los recursos necesarios, tanto humanos como materiales; con la infraestructura y tecnologías adecuadas; son parte de los déficit que en educación, hoy enfrenta la
Provincia y que sólo podrá responder en la medida que cumpla con dos metas fundamentales: administrar de manera eficiente los recursos destinados a educación y recuperar un nivel de coparticipación federal justo sobre la base de criterios objetivos que sin desatender la redistribución a las provincias con menor desarrollo relativo; termine con la fuerte discriminación fiscal que hoy sufre, por parte del Gobierno Nacional. Trabajar, para que estas cuestiones se transformen en verdaderas políticas de estado, constituye un compromiso y un deber irrenunciable de todos los bonaerenses.
(*) Presidenta de la Comisión de Educación del Senado de la Provincia de Buenos Aires
