Alejo SarnaEs de público conocimiento que el presupuesto que va a ser aprobado en el Senado de la Nación y ya fue refrendado por la cámara de Diputados, es un presupuesto de ajuste y recortes en todos los ámbitos, excepto en uno: el pago de lo intereses de la deuda.
Uno de los sectores que sufrió en ese presupuesto los recortes y las políticas de ajuste es la educación pública. En 2019, Argentina tendrá una educación un 20 por ciento más pobre que en 2016.
La educación pública pierde participación en el presupuesto nacional, de 7,1 por ciento en 2018 a 5,5 en 2019. La tendencia al descenso en esta participación se mantiene desde 2016, con una muy leve excepción en 2017.
El presupuesto educativo del Estado nacional será en 2019, en términos reales, un 17 por ciento más bajo que el de 2016 (de 122 mil millones a 101 mil millones). Como en este período la cantidad de estudiantes en todo el sistema educativo habrá aumentado en 500 mil, la inversión educativa real por alumno en el período que va de 2016 (último presupuesto aprobado bajo el gobierno anterior) a 2019 será un presupuesto un 20 por ciento más pobre.
Desde una perspectiva salarial, también los recortes son una constante. El Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) consta de recursos del Estado nacional que se reparten de manera igualitaria entre todos los docentes del país, para elevar sus salarios. El Fondo de Compensaciones Salariales, por su parte, tiene el objetivo de auxiliar a las provincias más pobres para que alcancen a pagar el salario mínimo. Ambos cayeron en términos reales, tanto en 2018 como en 2019. Esta caída siguió a la decisión del macrismo de suspender la paritaria nacional docente, el espacio en el que gobierno nacional negociaba cada año con los gremios el piso salarial de los maestros y los fondos con que su pago sería garantizado, así como otras condiciones laborales.
Por último, Cambiemos asignó a infraestructura y equipamiento la cuarta parte que en 2018. De 9200 millones de pesos se pasó a 2600 millones para 2019.
Todos estos datos no solo denotan que para el Gobierno Nacional, la educación pública es un gasto plausible de ser recortado y no una una prioridad, sino que además el ajuste en la educación pública significa también el cambio de una política educativa inclusiva por el pago de los intereses de la deuda.
No existe futuro posible sin una educación pública de calidad, y no hay educación pública de calidad sin una inversión en infraestructura y salarios docentes para el cuidado de todos los miembros de la comunidad educativa. El gobierno tiene cambiar el rumbo antes que sea tarde y asignarle en términos presupuestarios a la educación pública, la importancia que le dieron en los spot de campaña.
Alejo Sarna / Consejero Escolar
