Es notoria la pérdida constante de credibilidad que sufre el gobierno de la alianza Cambiemos, fundamentalmente por los números de la economía que empeoran cada día y dan la sensación de estar cayendo por un tobogán cuyo fin es difícil de prever.
Lo cierto es que casi nadie les sigue creyendo, tanto los habitantes de nuestro país como los llamados "mercados" se han dado cuenta que Macri y el mejor equipo son unos incumplidores seriales de las promesas hechas e incluso de los compromisos acordados con el Fondo Monetario Internacional.
Resulta inocultable el tremendo deterioro de la situación socioeconómica a que nos han llevado "haciendo lo que hay que hacer" y para colmo de males siguen empeñados en insistir con el rumbo que provocó este descalabro y lo único que se les ocurre es apurar el paso sin comprender que la luz que se ve al final del túnel no es el prometido paraíso sino el foco del tren que avanza hacia nosotros con las previsibles consecuencias.
Es así que el proyecto de presupuesto para el año próximo tuvo que ser hecho de acuerdo a las directivas del Fondo y debe tener la aprobación del Congreso por la previsible alteración de la paz social que provocará.
Mentir es también ocultar parte de la verdad. En este sentido se habla de déficit 0 y poco se dice que se trata del déficit primario, es decir sin incluir el pago de los intereses de la deuda que en el 2019 aumentan por ahora casi el 50%.
No están muy errados quienes afirman que Christine Lagarde es nuestra nueva ministra de economía. Como diría María Elena Walsh pretenden tener "la sartén por el mango y el mango también".
Como lo viene haciendo desde los comienzos de su mandato, el poder ejecutivo se vale de cualquier medio para conseguir que los otros dos poderes, que en una república se suponen independientes, no pongan traba alguna a sus designios. En este sentido no debe extrañar el golpe palaciego que consiguió que Carlos Rosenkrantz sea nombrado presidente de la Corte Suprema en lugar de Ricardo Lorenzetti aunque éste tenía mandato hasta el 31 de Diciembre. Recordemos que Macri pretendió incorporarlo a la Corte por decreto junto a Rosatti y por el escándalo desatado debió hacerlo con acuerdo del Senado.
Este cambio se festejó a lo grande en el gabinete porque si bien Lorenzetti no causaba demasiados problemas tenía cierto grado de independencia. Quien también festejó fue la diputada Lilita Carrió quien reconoció su intervención en esta operación que está vedada por la constitución, justo ella tan defensora de la república como dice ser.
El nuevo presidente de la Corte es tropa propia y ejercía la abogacía corporativa en el gran estudio Bouzat, Rosenkrantz y asociados. Entre sus numerosos y poderosos clientes estaban el Grupo Clarín, La Nación, América TV, Arcos Dorados S.A. (McDonald´s), Arisco S.A., Astilleros Corrientes S.A, Cablevisión S.A., Carbap, Cervecería y Maltería Quilmes S.A., Claro, La Rural, Musimundo, entre muchos otros.
Cuando todavía no era presidente Rosenkrantz fue promotor de la sentencia que estableció el beneficio del 2x1 para los genocidas de la última dictadura cívico-militar.
Como se ve, no es precisamente un cambio favorable para las mayorías.
Curiosamente esto se da al poco tiempo de la llegada al país del nuevo embajador de los Estados Unidos Edward C. Prado quien en una de sus primeras declaraciones manifestó que iba a ayudarnos a mejorar nuestro poder judicial. Recordemos que Prado es jurista y fue juez en su país. ¿Será una simple coincidencia?
El pueblo debe tratar de pararle la mano antes de que estos ajustes salvajes produzcan daños irreparables.
