El Colegio de Abogados manifestó su rechazo al archivo de causas por parte del Tribunal de Trabajo. "Si estos son los jueces que deben impartir y salvaguardar la justicia de los trabajadores, no se entiende el por qué de esta grave y perjudicial decisión" dijo el presidente del Instituto de Derecho Laboral del CAZC.
El Colegio de Abogados Zárate Campana hizo público su rechazo al accionar del Tribunal de Trabajo de Campana de archivar las causas que se inician a raíz de un accidente o enfermedad laboral. "Es una decisión inédita y arbitraria que perjudica a los trabajadores negándoles el acceso a la justicia" explicó el Dr. Jorge Alonso, Presidente del Instituto de Derecho Laboral del CAZC, en referencia a un procedimiento que no se registra en ningún otro tribunal de la provincia.
La problemática comenzó a partir de la adhesión provincial a la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo: el CAZC presentó una demanda para que sea declarada inconstitucional, por considerar que restringe el acceso a la justicia por parte de los trabajadores y pone a los médicos en el papel de juez. En tanto que el Tribunal de Campana la consideró constitucional a partir de un fallo expedido el 27 de abril pasado.
"Si estos son los jueces que deben impartir y salvaguardar la justicia de los trabajadores, no se entiende el por qué de esta grave y perjudicial decisión", comentó Alonso quien, junto al Presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Fioranelli, mantuvieron una reunión con las máximas autoridades de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, a raíz de los reiterados reclamos por las penurias que sufren los trabajadores a la hora de tramitar enfermedades o accidentes de trabajo.
Entre ellas, destacaron la obligatoriedad que exige el Tribunal de Trabajo de Campana para que las enfermedades no listadas sean certificadas por un médico forense, que cobran entre dos mil y tres mil pesos por la certificación de cada enfermedad, lo cual es "inadmisible porque vulnera el principio de gratuidad para el trabajador" explicó el Dr. Fioranelli.
Los integrantes del Instituto de Derecho Laboral del CAZC consideran que la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo es inconstitucional.
