Olga GarcíaEl gobierno anuncia que se va a recortar el gasto estatal en 2019 por unos 80.000 millones de pesos, mayor a lo previsto. Los gobernadores han tomado posición de resistencia, hasta Gerardo Morales, fanático oficialista, señala la frustración en relación a lo que esperaba del gobierno y se queja de la imposición del ajuste.
La evaluación que realiza el FMI de la economía argentina, recientemente difundida, apunta al ajuste. El gobierno propuso en ese sentido despido de empleados estatales, aumento de tarifas, recorte de financiamiento para empresas públicas y paralización de obras. También se intentará utilizar activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES destinados a cubrir gastos del sistema de seguridad social y se propone venta de bienes estatales.
La gobernadora Vidal padece el escándalo de los aportes truchos a la campaña del PRO, primero los del 2015, luego del 2017. Existe un hallazgo de más de 1000 aportes fantasmas cuyo objetivo era ocultar el origen del dinero usado en las campañas. En la Pcia. de Buenos Aires aparecen incluidos en esos aportes beneficiarios de planes sociales y monotributistas. En un panorama de difusión de los aportes truchos algunos dirigentes oficialistas se dispusieron a denunciar la estafa de su partido, lo que apunta a un panorama de deserción.
El presupuesto provincial bonaerense recibió 40.000 millones de pesos provenientes de los 100.000 millones de pesos que les quitaron a los jubilados. La gobernadora ha realizado la compra de 56.000 millones de pesos en LEBACS mediante el BAPRO para sostener el primer vencimiento socorriendo a las medidas nacionales. La protección mediática que brindan algunas corporaciones oficialistas no pueden evitar que se difundan denuncias internacionales que involucraron al Presidente con relación a empresas y cuentas offshore. Pero esto da un marco a una crisis nacional que tiene un marco muy fuerte en la sociedad, ya que además de los sectores más vulnerables involucra a capas medias y empresariales y esta realidad se impone a la manipulación de las noticias que ejercen algunos medios.
Casi el 70% de los argentinos rechaza la negociación con el FMI , pero además la restricción de gastos del Estado que ya padecemos ha producido efectos inesperados en salud como la reaparición de algunas enfermedades que poseen vacunas y estaban controladas pero resurgen por deficit de prevención.
Ante este panorama, que sin duda provocará mayor rechazo social, el gobierno ha programado el marco legal para la represión de las reacciones sociales que estas medidas provocan modificando los roles del ejército.
