Ante el permanente y meteórico aumento del descontento social con las políticas del gobierno que están provocando un acelerado empobrecimiento de la gran mayoría de la población, resulta patético observar como distintas voces gubernamentales se obsesionan en seguir repitiendo que este es el único camino posible y que además nos lleva a un futuro paradisíaco.
Escuchamos una y otra vez que lo peor ya pasó, haciendo acordar a los más veteranos de aquella inolvidable frase que era el latiguillo del entonces ministro de economía Alvaro Alsogaray, "hay que pasar el invierno", con similares argumentos y la misma ideología de los que hoy ocupan la casa rosada. Un verdadero déjà vu.
Lo cierto es que las cifras oficiales, esto es las elaboradas por el propio gobierno, dan cuenta del deterioro constante para la mayoría y el mejoramiento para una minoría ensanchando la brecha entre ricos y pobres. Un dato poco difundido por los medios oficialistas es que sólo el 4% de quienes compraron dólares en este último tiempo adquirieron el 71% de las divisas norteamericana que se fugaron de nuestro país, provocando en gran medida la "tormenta" a que hiciera referencia Mauricio Macri con la consecuente devaluación y el impresionante aumento de precios. Como se ve los grandes negocios para unos pocos significan mayores penurias para muchísimos.
Como es sabido, la incidencia de los gastos en alimentos y tarifas de servicios públicos es mucho mayor en los sectores de menores ingresos que en aquellos que ganan más. Los siderales aumentos en estos rubros acrecientan la distancia entre ricos y pobres, llevando a grandes sectores de la clase media a condiciones de pobreza.
Esta perversa actualidad no se debe a tormentas externas sino a las buscadas consecuencias de la política implementada y que el gobierno explícitamente se obstina en seguir aplicando, más allá de poner cara de yo-no-fui y expresar cuanto dolor les causa.
En medio de este descalabro el poder ejecutivo no tuvo mejor idea que habilitar por un decreto que las fuerzas armadas actúen en tareas de seguridad interior. Este decreto que es claramente inconstitucional e ilegal demuestra, una vez más, que poco les importan las instituciones de la república y sus leyes las que son sistemáticamente violadas tal como lo hizo la gobernadora Vidal con los aportantes truchos en la campaña electoral.
Es posible que no se animen a utilizarlos directamente en la represión de la protesta social pero seguramente al liberar a muchos gendarmes de su labor específica se podrán sumar a las tareas represivas.
La prohibición de la participación de las fuerzas armadas fue un compromiso logrado en el retorno a la vida democrática por todas las fuerzas políticas y sociales que Macri ha roto tratando de blindar el apoyo del llamado partido militar que lo votó pero que su simpatía tambalea a partir de la desaparición del submarino San Juan y los bajos salarios que motivaron la rebelión con motivo del desfile del 9 de Julio.
La decisión incluye la relocalización de los cuarteles que seguramente serán trasladados a zonas fronterizas lo que dejará vacías grandes extensiones de tierra muchas de las cuales son de gran valor inmobiliario, como por ejemplo el regimiento de Patricios en pleno Palermo, lo que permitirá negocios inmobiliarios muy lucrativos, tal como han hecho en la CABA.
Como en la perinola, toman todo.
