Alejo SarnaEl Presidente de la Nación, anunció días atrás la derogación de los instrumentos normativos que restringían el accionar de las Fuerzas Armadas solo al plano de la defensa nacional "ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s" (Decreto reglamentario 727/06, de la Ley 23.554), lo cual barre con años de la construcción democrática que comenzó a forjar Raúl Alfonsín.
Dicho sistema, que el Presidente Radical comenzó a construir después de la tragedia que significó la dictadura cívico-militar 1976/1983, lo hizo bajo los cimientos de una sociedad aterrada por las atrocidades llevadas adelante por las Fuerzas Armadas en cuanto a la violación de los Derechos Humanos. Parte de la construcción de este nuevo periodo democrático exigía crear un marco normativo que reglamente el accionar de las Fuerzas Armadas. Fue así que se sancionó la Ley 23.554 del año 1988, el cual como señala el especialista en cuestiones de seguridad, Dr. Marcelo Saín, se generó "un gran consenso nacional" en cuales eran las los límites al accionar de las fuerzas armadas. En dicha ley se acogieron cuestiones de reestructuración de las fuerzas, tales como la cuestión de la conjuntes a partir de la estructura del sistema de defensa nacional que le da al Presidente de la Nación carácter de jefe supremo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la finalidad de dicho sistema, pero fundamentalmente en el Artículo 4 de dicha Ley señala que "Para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior. La seguridad interior será regida por una ley especial", haciendo foco en la necesidad de diferenciar en términos normativos pero también prácticos las competencias de las fuerzas de defensa nacional con las de seguridad interior y sus ámbitos de actuación.
Este consenso fue reforzado con el Decreto 727/06 cuyo artículo Nro. 1 dice textualmente que "Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s". Así mismo, el articulo Nro. 3 de dicho decreto profundiza los límites de las Fuerzas Armadas al sostener que "El Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria" cuestiones relacionadas […]al ámbito de la seguridad interior, conforme la misma aparece delimitada en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior".
El Gobierno Nacional de la noche a la mañana, sin ningún tipo de debate público tal como precedió a la reglamentación vigente hasta este año, y sin ningún reparo del sistema democrático que el propio partido Radical miembro de la coalición de Gobierno construyó, con el decreto 683/2018 abrió la puerta a la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, generando un serio precedente.
La excusa del Gobierno para permitir la inserción delas Fuerzas Armadas en seguridad interior fue la de actuar frente a la prevención de "eventos estratégicos" del siglo XXI, los cuales son básicamente el terrorismo y el narcotráfico. Pero la realidad dista mucho de lo que el Gobierno planteó. En los países en los que las Fuerzas Armadas fueron parte de la lucha contra el narcotráfico, como Colombia o México, no solo estas fracasaron en el intento sino que además se generó un efecto adverso al corromperse las estructuras de los militares. Y por otro lado, Argentina no es un país vulnerable al "terrorismo" tal cual lo entiende la doctrina de seguridad norteamericana o la europea, excepto que nuestro país se inmiscuya en asuntos globales donde no tiene ningún tipo de interés, tal cual sucedió en la década de los ´90, lo cual me parecería una locura.
Quiero destacar que las Fuerzas Armadas no están preparadas técnica, operativa e instrumentalmente para realizar la tarea que el Gobierno le quiere asignar en cuestiones de seguridad interior. Lo cual hace aún más critica la situación porque obligar a una estructura que tiene el monopolio del uso de la fuerza realizar tareas para las cuales no ha sido preparada puede generar efectos de violencia desproporcionados. Esto es sumamente peligroso.
En realidad, este decreto lo que busca es llevar a las Fuerzas Armadas al cuidado de la frontera, como señaló el presidente en su conferencia en Campo de Mayo, para desligar de esa responsabilidad a las fuerzas de seguridad interior y ocupar sus recursos en la contención de la conflictividad social que se aproxima y que es producto de las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional que van en detrimento del poder adquisitivo de las mayorías, que van en detrimento del empleo y el desarrollo nacional, y que lo único que genera son mayores niveles de desigualdad, de crispación política y de conflictividad.
Es decir, el Gobierno Nacional de manera caprichosa y unilateral rompió con un consenso histórico de la democracia para sostener mediante la utilización de la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad, el programa económico que tal como veníamos anunciando nos va a llevar al abismo económico, social y político.
En fin, no cabe duda que el estado actual de las Fuerzas Armadas merece un serio debate sobre su realidad, su rol, su doctrina y su reestructuración futura. Pero este debate debe ser tan amplio y su conclusión debe ser tan consensuada de manera tal que no se genere una grieta más en nuestra República, y el Parlamento Nacional es la herramienta para llevar adelante este debate. Lamentablemente, la medida del Gobierno apuntó al corazón de nuestra democracia, la cual hoy está en dañada y la cual debemos recuperar lo antes posible apelando a la responsabilidad de la dirigencia, confiando en nuestras instituciones, y pidiéndole al Presidente Macri que confíe en la capacidad de discutir y acordar las políticas entre el conjunto de la Nación para el bien de nuestro país.
