El referente del "Frente Barrial Campana" presenta hoy un escrito en el Juzgado Federal. Habría registros oficiales de muestras de suelo contaminado con metales pesados.
El jueves pasado, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Municipio y el Juzgado de Faltas Nº 2 llevaron adelante un allanamiento en LandNort por orden judicial. Esta medida se efectuó tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías Nº 1 -a cargo de la jueza, Graciela Cione- dado que la empresa volvió a operar, violando y desobedeciendo una vez más la clausura realizada por el Municipio en marzo pasado.
En la oportunidad se labró un acta, se informó y notificó a los empleados de la empresa sobre la prohibición para desarrollar tareas y se aplicaron fajas de clausura en la balanza y en la puerta de la oficina de logística.
Radicada en los fondos del barrio Las Praderas en los años ’90 sobre un predio de unas 54 hectáreas, LandNort se dedica al "Land Farming": un proceso para tratar residuos con una técnica de arado y agregado de bacterias para descomponer la materia orgánica.
Su actividad no sólo genera olores nauseabundos en una zona urbana sino que, según algunos especialistas señalan que el "Land Farming" es una técnica descartada hace años en los países centrales por su carácter contaminante del suelo y las napas. Pero además, la empresa está sospechada de realizar vuelcos ilegales a un zanjón que, cruzando la Panamericana, atraviesa la Reserva Natural Estricta Otamendi y finaliza en el río Paraná.
A una semana de la actuación municipal, hoy por la mañana se escribirá un nuevo capítulo respecto a las actividades de LandNort en Campana: el activista y referente del "Frente Barrial Campana" presentará un escrito en el Juzgado Federal de Campana con el que los vecinos esperan lograr "el cierre definitivo de la empresa y evitar que se instale en otro sector del Partido".
El escrito, al que tuvo acceso La Auténtica Defensa, detalla diversas infracciones vinculadas a una supuesta habilitación "fraudulenta e ilegal", ya que el lugar donde está localizada la empresa, no reuniría los requisitos necesarios que establece la normativa de la Oficina para el Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) para la actividad, tales como "estar ubicado como mínimo a 300 metros del curso-cuerpo de agua más cercano, incluyendo cursos transitorios".
Además, el escrito solicita al juzgado que se reúna con análisis que habrían sido realizados por la propia OPDS y otros por un laboratorio privado, en los que estarían documentadas altas concentraciones de metales pesados en el suelo analizado; y señala anomalías tales como el retiro de suelos contaminados para su disposición, aparentemente irregular, en la localidad de Torres, Partido de Luján.
Quirino. Foto: Archivo.
