Según un estudio realizado por UNICEF, el 30% de los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años es pobre, y un 8,4% es extremadamente pobre. La incidencia de la pobreza es mucho mayor cuando nos centramos en la primera infancia, asociado fundamentalmente a la falta de acceso a servicios educativos y de cuidado de calidad. Asimismo las características de los hogares inciden en las probabilidades de estar situados en la pobreza. Entre ellos se destaca el nivel educativo de los padres, el tamaño de los hogares y el tipo de inserción laboral de los padres. Un 79% de los niños y niñas de entre 0 y 3 Años no accede a servicios de cuidado y educación. Esta situación habla de una clara violación de los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes por parte del estado.
A su vez, estos datos exigen a que desde el estado se generen nuevas estrategias que posibiliten la inclusión de los niños y niñas a los servicios educativos y de cuidado de calidad. Pero también a que doten de recursos y herramientas a instituciones gubernamentales que actualmente trabajan sobre el tema. Pese a esto, en el último tiempo se vio un retiro del estado de las responsabilidades que le son propias en materia de niñez y adolescencia. Y esto indefectiblemente va a causar serios problemas que hacen al futuro de generaciones a las cuales el estado dejó de contener.
Sostener y dotar de mayores recursos y herramientas desde los Equipos de Orientación Escolar a los Servicios Locales de Protección de Derechos, son algunos de los trabajos que se tienen que hacer desde el estado para garantizar los derechos esenciales los niños, niñas y adolescentes. Es necesario para esto, generar un gran consenso en toda la dirigencia política sobre las políticas públicas que se tienen que aplicar y los recursos que se deben asegurar para llevarlos adelante con el fin de garantizar a nuestros niños y niñas aquellos derechos que les son inherentes.
Alejo Sarna / Referente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana
