La semana que pasó el gobierno estrenaba su fase de gestión respaldada por el Fondo Monetario. Con la celeridad que había sido firmado el acuerdo, los USD 50.000 millones eran casi un hecho y la economía comenzaba a comportarse guiada por expectativas de mayor solidez para antes que terminara junio. Pero esa misma economía tiene memoria, no solo pensó en los dólares que ingresarían sino que recordó los que se habían ido, anticipó que se seguirían yendo y sacó más.
A esta altura estamos viviendo una crisis cambiaria (cuyo origen puede ubicarse en la escasez de dólares generada por el déficit externo o en el exceso de pesos provocado por la monetización del déficit fiscal, o en ambos) aromatizada con desconfianza política. Empiezan a ser evidentes las dificultades de maniobra que tiene el gobierno para estabilizar el mercado de cambios. Consiguieron financiamiento externo, pero abandonaron el ancla nominal: el tipo de cambio debe ser "libre" y abandonaron las metas de inflación para 2018. Cambiaron los representantes en las principales áreas de gestión macroeconómica.
Estos días nos recuerdan con nostalgia al "cepo cambiario" duramente criticado porque se trataba de una política de corto plazo. Una regulación que debía ser acompañada por otras políticas destinadas a suplir la escasez de dólares; como el regreso a los mercados internacionales de crédito (algo que nunca fue sencillo para Argentina) o al Fondo Monetario Internacional (algo socialmente indeseado) o medidas de política destinadas a garantizar un superávit sostenible en la balanza comercial.
Siendo las últimas normativas de mediano a largo plazo que deben encararse teniendo en claro un proyecto económico productivista para el país, pero hoy como ayer estamos sumidos primeramente en los problemas nominales de corto plazo, que siempre corren con ventaja.
La diferencia es que la crisis cambiaria a Cambiemos le explotó al segundo año de gobierno; lo cual se debió a la excesiva confianza en el libre movimiento de los dólares financieros o especulativos prontamente desregulados. Mientras el presidente esperaba una lluvia de inversiones productivas, entraron al país dólares que se fugaron igual de rápidamente.
La preocupación por políticas productivistas, de competitividad internacional, regulación del comercio y del movimiento de capitales, o de disminución del déficit fiscal primario a esta altura lucen atemporales.
Ahora es menester controlar la devaluación cambiaria, el gobierno lo sabe. Entre las variables nominales, tipo de cambio e inflación (la tasa de interés es endógena), la primera es la madre de todos los males; y la segunda puede atarcarse de diversos frentes (hoy está descontrolada pero la receta "recesión" suele ser infalible).
Respecto al tipo de cambio, el Fondo Monetario Internacional aportó el suplemento para engrosar la Oferta de Dólares (suplemento que ahora el mercado juzga insuficiente) y pidió mantener un esquema de libre flotación cambiaria; lo cual es algo ficticio -ya que tanto el Banco Central como el Nación continuaron interviniendo- y en realidad sugiere focalizarse en disuadir la Demanda de Dólares: no a través de controles cambiarios, claramente, sino ofreciendo alternativas financieras rentables.
De allí las últimas novedades de política económica que se conocieron: el gobierno licitará el lunes dos nuevos instrumentos financieros: un bono peso dólar con vencimiento en 2019 y otro en pesos a tasa fija (Bote) con vencimiento en 2020, por un monto de USD 4.000 millones, que espera poder absorber del mercado.
Será un nuevo y difícil "test" de los mercados; recordemos que la semana pasada Caputo pudo renovar solo la mitad de las Letes licitados. A su vez, resurgió un primo lejano para las colocaciones en moneda extranjera: el riesgo país, que recientemente ascendió a 5,54% anual.
El gobierno también prevé reestructurar el perfil de deuda en Lebacs, cuya tasa de interés se volvió sensor de los ánimos minoristas al tratarse de una inversión sencilla y accesible.
El próximo martes habrá un nuevo vencimiento de esos papeles que actualmente pagan una tasa del 50% anual en el mercado de reventa. Se buscará estirar el plazo de vencimientos, quizá ofreciendo nuevos títulos a cambio, y aglutinar el grueso de las tenencias en manos de los bancos, lo cual abriría nuevas posibilidades de negociación.
En cuanto a la inflación, como dijimos, el gobierno abandonó las metas para este año al tiempo que la misma se acelera impiadosa. Según las estimaciones de privados, los precios aumentarán en torno al 27-30% en 2018 mientras que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estipula un incremento del 17% el año próximo.
Una caída de 10 puntos porcentuales que se buscará a través de la recesión económica: menos demanda, menos producción y más desempleo, sumado al ajuste de la obra pública y planta de empleados estatales, garantizan el titubeo de parte de empresarios a la hora de remarcar y un menor poder de los sindicatos al negociar paritarias.
Fuente: Elaboración propia en base a Inflación Congreso hasta nov-17, INDEC y BCRA.
