Primero fue el peronismo el que presentó un proyecto de ordenanza para instaurar la figura en el ámbito municipal. Durante la última sesión, el oficialismo también propuso su propio texto normativo para la misma iniciativa.
Una propuesta que podría cambiar la relación del vecino con el Estado local encuentra en el HCD un principio de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. En las dos primeras sesiones ordinarias del año, los bloques peronistas y Cambiemos han presentado sendos proyectos de ordenanza para crear la figura del Defensor del Pueblo y así generar una instancia administrativa de respaldo para contribuyentes y usuarios de servicios públicos.
Primero fueron las bancadas del PJ-Unidad Ciudadana y del Frente Renovador las que reelaboraron un antiguo proyecto del massismo y lo introdujeron en comisiones a comienzos de abril. En tanto, el pasado jueves, el presidente del bloque de Cambiemos, Carlos Cazador, desempolvó esa misma demanda, que tantas veces había presentado en el Concejo Deliberante sin encontrar nunca el consenso para su aprobación, y la volvió a colocar en consideración de sus pares.
Pero los dos textos legislativos no son iguales. El peronismo, que toma como modelos los casos de las ciudades Mar del Plata, Salta y Capital Federal, aboga por un Defensor elegido por el HCD a partir de una terna propuesta por la oposición, con el objetivo -según trascendió- de "garantizar" la imparcialidad de su función. El proyecto también propone el establecimiento de una Comisión de Enlace compuesta por concejales para actuar de ente coordinador entre el HCD y la defensoría. En el proyecto de Cambiemos estos dos requisitos no están contemplados.
Por lo demás, las atribuciones que tendría el Defensor del Pueblo parecen ser similares desde la visión de ambos partidos. Se habla de un rol "independiente" y con "autonomía" con la misión de "supervisar" y "fiscalizar" sea la administración del Ejecutivo municipal y órganos vinculados -como el Juzgado de Faltas- "como así también el accionar de los concesionarios, contratistas o prestadores de obras o servicios públicos y permisionarios de uso de bienes de dominio municipal" frente a "arbitrariedades, errores administrativos, deficiencias, abusos, negligencias, demoras excesivas en los trámites, irregularidad administrativa y toda otra forma" de vulneración de derechos.
Para acceder al cargo se deberá cumplimentar los mismos requisitos que para ser elegido concejal, y quien lo ocupe recibirá la misma remuneración. El mandato será de cinco años y solo podrá ser renovado una vez. Los dos proyectos determinan a su vez la creación de un defensor adjunto: en el caso del escrito por el PJ-UC y FR, la persona designada para el puesto deberá contar con el título de abogado.
Lo que no está claro, y que ni siquiera el titular de la bancada oficialista pudo precisar, es si la idea cuenta con el apoyo del intendente municipal. "Vamos a verlo; yo no pido permiso (para presentar proyectos)", expresó Cazador, tras la consulta de LAD al término de la última sesión.
"El intendente es el Departamento Ejecutivo y nosotros somos el Concejo Deliberante. Trabajamos en equipo, pero no todas las cosas el intendente las tiene que compartir", amplió el edil.
Sin embargo, confió en que Abella no piense que el Defensor del Pueblo viene a ponerle palos en la rueda a su gestión. Sostuvo que su función será "consultar, pedir, preguntar", en un contexto dentro del que "no hay nada que esconder".
"Esperemos que se lo pueda aprobar y reglamentar. Es muy necesario justamente en estos tiempos de tarifas y cobros indebidos. El CEMAV está haciendo un trabajo enorme, la OMIC también, pero no es suficiente. Además, el Defensor nos pondría en los primeros planos de la provincia de Buenos Aires, donde hay ciudades que los tienen trabajando muy bien", concluyó.
LAS INICIATIVAS SE ESTUDIARÁN Y EVALUARÁN PRÓXIMAMENTE EN COMISIÓN.
