A más de dos años del gobierno de Cambiemos resulta evidente que la frase "Sí, se puede" no reconoce límite alguno. Este eslogan profusamente utilizad en las campañas electorales y que entonaban repetidamente los enfervorizados seguidores del presidente Macri cuando éste leía su discurso inaugural de las sesiones del Congreso el 1º de Marzo, parece significar para el macrismo aquello atribuido a Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios.
Desde que intentó sin éxito poner a dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia por decreto, aunque luego consiguió que el senado se lo aprobara, se vio claramente que el ejecutivo busca conseguir un Poder Judicial incondicional a sus deseos violentando el principio republicano de la independencia de los tres poderes que integran el gobierno.
Para "transparentar" sus intenciones y que no haya equívocos se conoció el reemplazo del fiscal de la causa del correo Juan Pedro Zoni por Gerardo Pollicita quién desde su actuación en Boca durante la gestión Macri está absolutamente alineado al Poder Ejecutivo. Recordemos que en esa causa está imputado el propio presidente y su familia y se busca perdonar más del 90% de la deuda que mantiene con el estado y cuyo monto se estima en más de 70.000 millones de pesos.
Esta colonización del poder judicial le resulta imprescindible para evitar que se lleve adelante la investigación de los hechos que permanentemente salen a la luz y que comprometen a distintos integrantes del gobierno. Sin ir más lejos, se acaba de conocer que el secretario de finanzas Santiago Bausili, mano derecha del ministro Luis "Toto" Caputo, cobró compensaciones del Deutsche Bank durante 2016 y 2017 por 123 mil dólares más 13.025 acciones en la entidad alemana. Recordemos que el secretario fue director en Buenos Aires del mencionado banco que es una de las principales entidades bancarias encargadas de colocar los bonos de la deuda externa.
Cambiemos está desde hace un tiempo en campaña con vista a la elección de 2019 en la que pretende ganar en primera vuelta. Conscientes de la casi imposibilidad de parar el drenaje de votos a su candidato Macri, intentan dividir la preferencia de los opositores para lograr una mayor diferencia con el segundo, si es que como estiman salen primeros. En este sentido debe leerse la decisión que tomó la jueza María Romilda Servini de intervenir al Partido Justicialista (PJ) a partir de una denuncia del gremialista Carlos Acuña y nombrar como interventor al también gremialista y jefe político de Acuña, Luis Barrionuevo. Tanto el denunciante como el interventor representan a un sector minoritario del peronismo muy cercano al gobierno y cuya esposa Graciela Camaño participó del encuentro convocado por el senador Pichetto. Es posible que se intente repetir la estrategia de las últimas elecciones donde el PJ oficial se destacó por el muy magro caudal de votos porque la gente dejó de votar sellos.
Todos los días vemos como a la justicia, o mejor dicho al Poder Judicial, se le cayó la venda y trata con distinta vara a los oficialistas y a los opositores, sobre todo a aquellos que están del otro lado de la grieta y son maliciosamente calificados como enemigos de la sociedad, desde los K hasta los Mapuches y constituyen la plaga que termina con los brotes verdes de las semillas que el gobierno planta con gran esfuerzo y patriotismo.
Pobre república, cuantas atrocidades se cometen en tu nombre
