Los Reynoso tienen en su poder un boleto de compra-venta certificado por una reconocida escribanía local. Pero otra familia asegura ser la verdadera propietaria del inmueble y logró que la Justicia le diera la razón. "Esta gente presentó documentación apócrifa", aseguró Ariel Reynoso, el padre de la familia desalojada.
En un terreno ubicado al fondo de la calle Francisco Posse del barrio Los Pioneros, Ariel Reynoso esperaba junto a su familia el arribo de la Policía aferrado a un contrato de compra-venta firmado con los anteriores dueños del lugar. Es la prueba más contundente que posee para demostrar que está parado en su propiedad y revertir el desalojo ordenado por la Justicia, que lo considera un usurpador, medida que se concretó en la tarde noche de este jueves.
El último intento de Ariel y su abogado para evitar el procedimiento lo habían realizado un día antes, cuando presentaron en el Departamento Judicial Zárate-Campana una nota dirigida a la jefa de los fiscales, Liana Maero, en la que expusieron las "severas irregularidades" que estarían presentes en la causa.
Las peripecias de los Reynoso comenzaron varios años después de haber pagado el terreno calle Posse al 380. Promediaba el 2015 cuando vecinos se comunicaron un mediodía con Ariel para avisarle que desconocidos le habían cortado el alambrado y habían comenzado a "limpiar" la propiedad.
"Yo me presento como dueño con la documentación correspondiente, y esta gente me dicen que habían comprado, pero no tenían ninguna documentación. Mantuvimos un diálogo y esta gente se va. Fui a comprar tejido, postes para poder cerrar bien mi propiedad, y a la madrugada me llaman para avisarme que esta gente había cortado el tejido perimetral y había puesto unos postes en la zanja y entrado una casa rodante", relató el hombre ante los medios de comunicación.
En la presentación dirigida a Maero se precisa que el hecho dio origen a una denuncia radicada en la UFI Nº2, por entonces a cargo de Juan José Maraggi, quien consideró las pruebas aportadas y estimó viable una cautelar para la devolución del inmueble a los Reynoso. La posición de Maraggi (ya jubilado) fue acompañada por el Juzgado de Garantías Nº2, que ordenó el "lanzamiento y restitución" del inmueble, concretado el 31 de agosto.
La causa prosiguió entonces contra la familia acusada de usurpar el terreno. Siempre de acuerdo a la documentación presentada en la fiscalía general, los imputados -un hombre y una mujer domiciliados en calle Arenales- recayeron en "incongruencias" en sus respectivas declaraciones acerca de cómo habrían adquirido esa propiedad y "solo" presentaron un boleto de compra venta con firmas certificadas fechado el 2 de junio de 2015 y constancias de impuestos municipales de varios años pagados el día 30. Posteriormente habrían suministrado nueva documentación.
El escrito señala además que el sujeto que les habría vendido la propiedad nunca fue localizado en el domicilio que tenía registrado en la ciudad de Zárate, faltando su declaración en la causa.
La nota a Maero prosigue repasando que el 6 de marzo del 2016, la pareja denunciada presentó dos boletos de compra-venta "apócrifos" con el objeto de "probar la cadena de venta y en la cual supuestamente" Reynoso le vende la propiedad en disputa al sujeto de Zárate el 5 de mayo de 2013, documento que contendría firmas "falsas" y que estaría certificado por una escribanía que "no existe".
Incluso, se habría compartido otro boleto de cesión de acciones y derechos, fechado el 2 de noviembre de 2010, y que da cuenta de la compra del terreno por parte de Reynoso a su dueño original.
"Esta gente presentó documentación apócrifa", aseguró Reynoso, que no tiene escriturado el terreno, pero si conserva su boleto de adquisición certificado en el 18 de diciembre de 2006 por la Escribanía Barassi.
Sin embargo, el nuevo fiscal de la causa (Alejandro Irigoyen) habría considerado que las pruebas presentadas eran contundentes y solicitado que se dicte el sobreseimiento de la pareja acusada. El Juzgado de Garantías Nº2 habría acompañado al fiscal, dejando sin efecto la medida cautelar de restitución dictada meses antes y librando una orden de desalojo ahora contra Ariel Reynoso y su familia.
"El juez determinó cerrada la causa porque esta gente había presentado documentación, pero después de meses y truchas. Y me quieren desalojar para darle mi propiedad a esta gente", cuestionó el vecino.
Por tal motivo, tras enumerar las "irregularidades de la causa penal", Reynoso y su abogado le pidieron a Maero que revise el IPP Nº18-00-0034/15 y se aboque a corroborarlas, deteniendo al mismo tiempo los procedimientos de desalojo.
"No tenemos donde ir. Es lo único que tengo, que no es mucho", expresó Reynoso, padre de dos chicos de 12 y 11 años y de una nena de 5, que este jueves debieron abandonar su casa con un destino incierto.
“Presentaron documentación apócrifa", denunció Ariel Reynoso, el padre de la familia desalojada.
EL PROCEDIMIENTO SE CONCRETÓ EN LA TARDE NOCHE DE AYER, DONDE SE HIZO PRESENTE PERSONAL POLICIAL. EL TERRENO ESTÁ UBICADO EN POSSE AL 380.



