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» Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/jul/2017 de La Auténtica Defensa.

La Ley de Protección de Víctimas de Delitos: un primer paso
Por Rosa Nélida Funes






Rosa Nélida Funes

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos, después de que el Senado devolviera el proyecto con modificaciones. Así se crea la figura del Defensor Público de la Víctima, uno por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires.

También se crearán Centros de Protección y Asistencia a las víctimas de delitos que estarán abiertos las 24 horas, con el objetivo de ayudarlas mediante asesoramiento legal y psicológico, contando con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados. Para crearlos, se otorga un plazo de 120 días para que el Poder Ejecutivo tome las medidas y reglamente la ley.

Los defensores se crean a fin de que participen durante los procesos con representante propio, con el fin de que puedan ampliar y controlar las pruebas que producen por el defensor del acusado y por el fiscal. Esta participación, que incluye interrogar testigos y proponer pericias, logra una investigación profunda de los hechos, y evita que se archiven los expedientes.

En el Senado se efectuaron las rondas de consultas con especialistas y familiares en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda, para la previsión de los aspectos que conlleva esta ampliación del cuerpo de funcionarios de la Justicia. Participaron víctimas de delitos como Carolina Píparo -baleada por "motochorros" en una recordada salidera bancaria en 2010-; Matías Bagnato -sobreviviente de la masacre de Flores en 1994-; Consuelo Fraga -de la ONG "Víctimas por la paz"-; y Emmanuel Terrón -su hermano fue asesinado en Avellaneda-.

Entiendo que es valiosa la posibilidad legal de acceder por parte de las victimas a la defensa de derechos, siempre que no se limite a poder invocarlos en un expediente y no se tropiece con la falta de recursos para hacer frente a pericias e investigaciones. La cifra de delitos que no tienen condena, según distintas fuentes, están entre el 80 y 90%. Con efectividad del sistema a través de la dedicación de recursos, los fiscales, ahora reforzados por estos defensores de víctimas, podrían avanzar más en las causas.

Es un avance, aunque por parte de algunos especialistas se consideró que "este proyecto no fue mirado por expertos del derecho penal ni procesal" y que "hay cierta liviandad en la redacción". Falta reglamentar, abrir las sedes y nombrar los funcionarios, lo que brindará garantía de participación, ya que son muy pocas las víctimas que pueden hacerse cargo de los gastos y honorarios de una defensa de sus derechos, que incluye ser notificados sobre las excarcelaciones, de los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se le otorguen a los condenados y acusados. De este modo, se posibilita que puedan protegerse y pedir revisión en las actuaciones, y prevenir la repetición un eventual ataque, como cuenta Bagnato ante la posibilidad de una eventual salida de prisión del asesino de toda su familia.

La ley es sólo el primer paso para que se instrumente el sistema y debe continuarse con la aplicación eficiente, con la asignación de presupuesto, para que no quede sólo en un impulso dado por los tiempos electorales.


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