Al cumplirse 41 años de los que fue la sangrienta Dictadura Cívico-Militar, quería dedicar esta columna a reflexionar sobre lo sucedido.
Aquel periodo en donde las Fuerzas Armadas tomaron (de facto) el control de la nación y aplicaron un plan sistemático de desapariciones de personas que encaja perfectamente dentro de lo que es el concepto de "genocidio" en el derecho internacional, entendido como la aplicación de "actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso" (Naciones Unidad, 1951); o "la realización del intento para asesinar en su totalidad a cualquier grupo nacional, étnico, religioso, político, social, económico o de género, en tanto esos grupos son definidos como tales por los perpetradores mediante cualquier modo" (Steven Katz, 1994).
El plan sistemático que mencioné, durante la dictadura Cívico-Militar, se trató de una acción organizada llevada a cabo con el fin de eliminar a aquellos grupos sociales que rechazaban el statu quo propuesto por una clase dirigente que respondía a los intereses de los sectores concentrados del agro, empresariales y del capital financiero, y que como el sistema democrático no les permitía acceder a la representación popular, utilizaban las Fuerzas Armadas como mecanismos de acceso al poder.
La aplicación de este plan sistemático de desaparición de personas por quienes integraron el esquema de represión, fueron autores de delitos de lesa humanidad. Y lo fueron ya que constituyeron un "serio atentado a la dignidad humana o grave humillación o una degradación de uno o más seres humanos. No son eventos aislados o esporádicos, sino que forman parte de una política de Gobierno como de una práctica generalizada de las atrocidades toleradas o condonadas por parte de un gobierno o una autoridad de facto" (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).
Ahora bien, el plan sistemático de desaparición de personas, que fue un genocidio y que quienes lo llevaron a cabo cometieron delitos de lesa humanidad, tuvo como objetivo "barrer" con quienes eran un obstáculo a la aplicación del programa económico que destruyó la industria nacional, y que comenzó a convertir a nuestro país (proceso que finalizó en la década de los 90) nuevamente en una economía extractiva de materia primas, con el agravante de que transformaron nuestra sistema productivo en un sistema financiero, donde la única que perdía era la patria y donde los capitales financieros se llevaban todas las ganancias sin invertir un centavo en producción. Es decir, el plan económico no podría haberse aplicado sin la contención del aparato represivo.
Reflexionar sobre lo sucedido nos va a ayudar a avanzar en el proceso de desarrollo nacional sobre una identidad común. El negar la atrocidad de lo sucedido, es negar implícitamente el desastre económico que causaron a la patria los mismos que hoy quieren aplicarnos programas de ajustes argumentando una "pesada herencia"; programas de ajuste que llevaron a nuestro país al colapso y que destruyeron la dignidad de nuestro pueblo.
La Memoria, Verdad y Justicia sobre los atroces crímenes llevados a cabo por la dictadura, también tiene que caber a los planes económicos herederos del aplicado por el Gobierno De Facto con Martínez de Hoz a la cabeza. A todo este sistema perverso; NUNCA MAS.
