Tasa, tasa, si pasa, pasa
Por Arq. Jorge Bader

El Jueves 5 de Enero de 2017, en Infobae, el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, aseguró en la jornada de banqueros de la 50 Asamblea Anual de Felaban, que impulsaría un pacto fiscal con los municipios para reducir la presión tributaria, de cara a promover la inversión productiva. Dijo concretamente: "Queremos bajar el déficit en 2018 y 2019, como se acordó con la Nación. Y bajar los impuestos distorsivos que atentan contra la generación de empleos. Queremos menos ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo, porque buscamos más inversión y empleos". Sin embargo el 14 de febrero del año pasado, en el diario La Nación se publico un artículo que empieza así, "Ni siquiera los fallos de la Corte Suprema de Justicia declarando la inconstitucionalidad de algunas tasas que cobran los municipios lograron frenar el "festival" de intentos por recaudar más: las administraciones comunales no sólo suben los gravámenes existentes, sino que crean nuevos." Esta política aparece en clara oposición al planteo puesto en valor por la gestión Provincial que entiende que los impuestos distorsivos y la presión fiscal son un escollo para la generación de empleos privados. De hecho hay varias publicaciones que dan cuenta del espíritu del gobierno por transferir a empleo privado de calidad el exceso de empleo público utilizado por décadas para encubrir el desempleo. La última estadística donde se nos cataloga ya decididamente como país pobre porque la mitad de la población gana menos de 8000 pesos, la publicación de la ecuación de independientes y privados que sostienen a una gran parte de la población sin ocupación, o el informe de 1 activo por cada tres pasivos, nos ponen en una encrucijada frente a la dinamización de la actividad productiva. La actividad industrial está en retroceso, el comercio está parado.

El sector de la construcción civil está en crisis hace varios años. A septiembre de 2016 tenía una caída acumulada en el último año de 13,1%. El mercado inmobiliario está esperando una reactivación por la inversión derivada de parte del blanqueo. No parece un escenario propicio para incrementar la presión fiscal y en ese contexto cualquier medida que presione sobre los consumidores y productores hoy, es una decisión controvertida. Pero la preocupación que mas me mueve en esta reflexión es el supuesto que una tasa puede resolver la pavimentación urbana. Un informe del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires con fecha en diciembre de 2014, que se puede consultar completo buscando el documento PDF titulado "Tasa Vial un gravamen perjudicial" dice en su inicio, "En los últimos dos años varios municipios de la Provincia comenzaron a cobrar la denominada "tasa vial municipal", que en realidad no es más que un gravamen sobre la venta de combustibles líquidos y GNC. Más allá de la discusión sobre su legalidad, de lo que no caben dudas es del perjuicio económico que puede acarrear el cobro de este gravamen a nivel local. Al generar un aumento en el precio final del producto que va de 5 a 40 centavos por litro de combustible líquido y de 1 a 12 centavos por metro cúbico de GNC, el gravamen incentiva el desplazamiento del consumo hacia los municipios que no lo cobran. De este modo, no sólo se perjudica a los expendedores locales que ven reducida su demanda, sino también a ciudadanos y empresas que son alentados a abastecerse fuera de su distrito, generando un derroche de tiempo y dinero y restando competitividad al territorio provincial en su conjunto. Es por ello que se recomienda que el cobro de este tipo de tributos recaiga en manos del nivel superior de gobierno." El articulo da cuenta de lo que podría considerarse un lockout consumidor al favorecer la migración de consumidores de combustibles a localidades vecinas con ejemplos y estadísticas de distintas ciudades.

Es un informe que no puedo reproducir en su totalidad pero que nos alerta respecto de una situación posible a constatarse en nuestra ciudad a corto plazo. Manifiesta un dato concreto de caída de las ventas de hasta un 4% por parte de las bocas de suministro de las ciudades afectadas por la citada tasa. Hace ya muchos años cuando en época de Calixto Dellepiane me toco ocupar la Dirección de Planeamiento, en los cursos de capacitación en la Provincia siempre se insistía en la aplicación de algunos principios en la generación de ordenanzas y tributos. Recuerdo que se hablaba de la Razonabilidad económica, la Justicia y la relación Costo/Beneficio social en términos políticos. Basado en este criterio me gustaría analizar alguna cuenta que me surge a raíz de esto último, y que desearía fuera aclarada si incurro involuntariamente en un error dada la poca información que se puede tener de algunos temas como simple ciudadano de esta comunidad.

Según las estadísticas que se publican en los datos de evolución económica, Campana tiene un parque automotor cercano a los 30.000 vehículos. Mi cuenta es muy simple. Suponiendo una situación perfecta de consumo local (seguramente inviable pero válida para el análisis) si cada vehículo es abastecido tres veces al mes con un tanque promedio de 45 litros tenemos una cantidad de 4.050.000 de litros que a 40 centavos por litro de gravamen arrojan $1.620.000. Es obvio que el cálculo se distorsiona por el volumen de carga de los camiones pero también es cierto que es el segmento menos cautivo dado que carga según su conveniencia en el lugar del recorrido que más le conviene. Otro análisis de la misma variable seria partir del total de combustible comercializado en Campana. Esta información es más compleja pero de acuerdo a datos dados a conocer recientemente por la Secretaría de Energía, "en mayo las ventas de naftas y gasoil al público totalizaron un volumen de 1283 millones de litros. Este caudal se desperdigó según el organismo, en 3962 estaciones de servicio ubicadas a lo largo y ancho del país. Una distribución lineal permite suponer que a cada boca de expendio le corresponderían 324 mil litros de combustibles, un valor suficiente para otorgarle a cualquier empresario del rubro una subsistencia razonable". Si esto es así y consideramos una distribución uniforme (seguramente inviable pero válida para el razonamiento general) unas 12 estaciones de servicio gravadas en el partido ( cantidad estimada de estaciones en el partido, centro, periferia puerto y rutas) venderían unos 4.000.000 de litros algo menor que la primera cuenta pero cercana en magnitud global. Según el Informe de la Cámara de constructores de pavimentos flexibles una cuadra de pavimento 9 metros de ancho por 100 de extensión demandará una inversión de entre 870 a 970 mil pesos, en el caso de una obra que incluya construcción de base y sub-base, carpeta asfáltica de cinco a siete centímetros de espesor, cordón cuneta, badenes y cruces con caños camisas para posteriores tareas de cableado de obras de iluminación o semaforización.

Este presupuesto permitiría apenas la ejecución de una cuadra y pico ya que los valores recaudados según esta tasa no serian netos porque seguramente estarán afectados a deducciones impositivas como el caso del impuesto a las transacciones financieras entre otros costos. ¿Por otro lado esas cuadras serian sin costo para los frentistas? ¿Es eso justo o equitativo si otros han pagado por sus frentes oportunamente? ¿Lo recaudado será un aporte en forma de subsidio parcial o total?

Por esto mi pregunta es, ¿cuál es la verdadera ventaja en términos de costo beneficio? Y ¿La tasa a aplicar responde a un plan de inversión especifico ya diseñado?, ya que esta cuestión representaría unas 12 o 14 cuadras por año impactando en algún segmento de la actividad comercial y afectando al total de la población con un gravamen que acentúa aún más la diferencia de precio del combustible, planteando un desequilibrio social ya que solo alcanzaría para dar satisfacción parcial a la necesidad de pavimentación y acentuaría la desventaja si en otros barrios para pavimentar se debiera cobrar al frentista . Quienes tienen oportunidad de cargar en Capital saben que tenemos una diferencia de precio de hasta casi 3 pesos entre el costo local y el de Buenos Aires. No creo que esta tasa realmente solucione de base el problema de la infraestructura vial local, ni permita reformular la planificación de un continuo de pavimentaciones para resolver el déficit histórico del pavimento urbano. Quizás si tenga más efecto en la generación de recursos para el mantenimiento, que a la luz de los hechos es un verdadero problema sobre todo en lo que respecta al pavimento de hormigón, cuyas juntas se dejan olvidadas por años y luego es necesario hacer cirugías profundas para su recuperación. Creo que los Concejales, sobre los que pesa hoy la responsabilidad de analizar y aprobar esta contribución debieran profundizar este somero análisis que pretendo plantear con más datos que seguramente podrán recabar, corrigiéndome si me equivoco, supongo que con alguna base estadística donde conste la verdadera proyección económica del recurso y el plan de inversiones que lo respalde, ya que quien genero la ordenanza quiero creer que hizo algún cálculo económico de base que justifique la propuesta.