El municipio no puede explicar qué pasó desde el 2013 al 2015, cuando estaba al mando Stella Giroldi, porque no está documentado oficialmente. El monto de la cifra demandada se habría incrementado en $10 millones.
Esta semana se conoció un nuevo capítulo del juicio por el cual el titular de una de las areneras que funcionaba en el Puerto de Frutos demandó al Municipio de Campana y Siderca SAIC por $40 millones en forma "solidaria e igualitaria".
En concreto, la municipalidad aportó entre los expediente solicitados por el juzgado, aquel que incluye el discutido "comodato" por el cual la empresa tomó posesión formal a partir de marzo de 2015, pero no existiría ninguna documentación que explique cómo y por qué Siderca SAIC ingresó al predio municipal conocido como "Puerto Frutos" y dispuso de los bienes de la arenera demandante e incluso prohibió el paso a partir del 2013.
Además, durante ese período de tiempo en el cual Siderca SAIC ni siquiera contaba con el "comodato", sí existe registro de una denuncia por daños al medio ambiente en el lugar y la posterior multa impuesta por el municipio por $1.3 millones de pesos, que el Juez de Faltas Mario Griguolo redujo –para algunos inexplicablemente- a sólo $300 mil. Sin embargo, esa documentación no habría sido remitida al juzgado.
En paralelo, el estudio Badeni y Asociados acabaría de adjuntar a la demanda un presupuesto realizado por una empresa constructora reevaluando el daño material contra los bienes que la arenera tenía en el Puerto de Frutos: inicialmente esos daños fueron valuados en $14 millones y ahora esa ponderación creció a $24. Eso significaría que, sumado a que el reloj del lucro cesante continúa corriendo, la cifra de la demanda habría crecido en al menos $10 millones.
Mientras tanto, el "comodato" de Siderca SAIC vence el próximo 31 de diciembre y no ha sido renovado por la actual gestión municipal. Según trascendió oportunamente, y ateniéndose a la letra del acuerdo de posesión mencionado, la empresa se tomaría entre 60 a 90 días para retirarse por completo del lugar y devolver el control de esas tierras al Municipio de Campana.
Esta circunstancia sería también, otra irregularidad, dado que el "comodato" nunca habría tenido validez: si bien lleva la firma de funcionarios de la administración Giroldi, jamás fue elevado al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento en sesión.
En la Justicia Federal
En octubre pasado, el vecino Raúl Quirino presentó un escrito ante el Fiscal Juan Bonamusa, del Juzgado Federal Nº 1 de Campana en el que se solicita que se investigue toda una serie de supuestas irregularidades relacionadas con el curso del arroyo De la Cruz, el Puerto de Frutos y el pasivo que ambiental que habría ocasionado TenarisSiderca en presunta connivencia del estado municipal. Por ejemplo, el escrito señala que TenarisSiderca "deforestó 8 hectáreas de monte nativo y rellenó ilegalmente el valle de humedales de los arroyos La Cruz y La Pesquería, con residuos incontrolados de su Acería, transformando la depresión de los humedales en enormes lomadas cubiertas de césped, que ocultan los incalculables daños provocados al ecosistema".
También dice que la empresa "taponó la desembocadura del arroyo colector del valle de humedales de los arroyos La Cruz y La Pesquería, y está procediendo actualmente al rellenado de su lecho" y que "bloqueó ilícitamente la desembocadura del Arroyo De la Cruz, impidiendo el normal desagote de nuestra única vía navegable interior en el Rio Paraná de las Palmas" y que "rellenó el lecho original del arroyo De la Cruz con áridos residuales incontrola-dos de su Acería, transformándolo en suelo inerte de uso comercial privado", además de desviar "en dirección Sur-Norte el curso natural del Arroyo De la Cruz, alterando el sentido original de su correntada y oponiéndola a la corren-tada del Río Paraná".
La extensa presentación de Quirino hace responsable al Estado Municipal de todo éste accionar "contrariando el bien común", y solicita que "se califiquen los hechos denunciados y se juzgue si TenarisSiderca es responsable de delitos conscientes, planificados y sistemáticos contra nuestra soberanía territorial y contra nuestros bienes estratégicos comunes, que incluyen contaminación ambiental, fraudes con perjuicios colectivos, estragos hidrogeológicos, ocupación de dominios comunitarios y otros de naturaleza similar, y de los daños sociales y humanos derivados".
