Contenido del Suplemento Especial (Click para ver)
Contenido del Suplemento Especial (Click para ocultar)
La región de América Latina y el Caribe presenta uno de los mayores índices de delincuencia del mundo (BID, 2015, p. 97). Las condiciones de inseguridad, el crimen y la violencia son importantes factores de preocupación en la zona que conllevan graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas. Las consecuencias del crimen y la violencia son graves y duraderas. El crimen y el temor al crimen influyen en la conducta de las personas, limitan las decisiones de inversión de las empresas y socavan la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad. Además, el crimen afecta a las relaciones en todos los niveles, desde la relación de los ciudadanos con sus comunidades hasta las relaciones exteriores de los países, dado que a menudo ocurre que los delitos cruzan las fronteras nacionales.
Diversos estudios nos muestran que los niveles más altos de delitos violentos se encuentran usualmente en las grandes ciudades. Las zonas especialmente afectadas por la inseguridad y la violencia son los barrios periféricos, pobres, con acceso limitado a servicios básicos, y con una escasa presencia del Estado. Son zonas con población en situación de vulnerabilidad que no tienen garantizados sus derechos y que integran grupos sociales tradicionalmente excluidos y discriminados. Los bajos niveles de desarrollo, la falta de oportunidades y la escasa presencia institucional en estas zonas facilitan el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a cometer delitos y de organizaciones criminales. El actuar de estos grupos criminales armados precariza aún más la situación de los habitantes de estos barrios y los exponen a constantes violaciones a sus derechos.
Las niñas, niños y adolescentes son los grupos más afectados. Muchos de ellos sufren situaciones de violencia, abuso y negligencia en sus hogares, comunidades y escuela, por parte de adultos, de sus pares e incluso de la policía. La ausencia de oportunidades reales para los adolescentes para desarrollar un proyecto de vida autónomo y los desafíos para el disfrute efectivo de sus derechos se derivan de situaciones de exclusión socio-económica, reproduciéndose así los contextos de desigualdad, vulneración de derechos, deslegitimación de las instituciones estatales, delito y violencia.
Los Estados de la región Latinoamericana en general muestran grandes déficits de capacidades en materia de justicia y seguridad. Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía. A la luz de estos déficits, la privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesa el Estado como principal garante de la seguridad ciudadana. Paralelamente, los vínculos comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad han perdido fuerza en algunos contextos como tensores sociales que permiten cooperación y convivencia positiva, propiciando, en algunos casos, formas de organización distorsionadas por el temor y la desconfianza como la llamada "justicia por mano propia", así como el apoyo a las políticas de "mano dura".
El escenario es complejo debido a los múltiples factores causales y a la interrelación de diversas formas de violencia y otras vulneraciones a los derechos humanos. Por ello, diversos organismos internacionales recomiendan que la mejor manera de hacer frente a la violencia, la inseguridad y el crimen es a través de políticas públicas que tengan un carácter integral, holístico y multisectorial y que tomen en consideración las diversas causas estructurales, trabaje sobre los factores de riesgo y refuerce los factores protectores que existen, desde un enfoque que considere la centralidad de los derechos humanos. Ello implica que diversos sectores colaboren y coordinen su accionar, entre ellos: seguridad; justicia; salud; educación; servicios sociales; servicios de formación profesional y acceso al empleo; cultura, deporte y recreación; urbanismo; y, finanzas, entre otros.
Es importante generar respuestas creativas e innovadoras, aprendiendo de los aciertos y las fallas. No hay una fórmula mágica y única para resolver el problema, pero la inseguridad sí tiene remedio. Existen factores que parecen afectar de manera positiva la probabilidad de éxito. A modo de ejemplo, podemos mencionar algunas ciudades de América Latina que ofrecen modelos positivos de transformación. Ciudades que alguna vez fueron sumamente peligrosas como Belo Horizonte, Bogotá, Ciudad Juárez, Kingston y Medellín, han revertido la situación de manera drástica. En efecto, la caída en el número de homicidios ha sido realmente impresionante. A su vez, ciudades como Medellín experimentaron una abrupta caída del 85% en su tasa de homicidios entre 2002 y 2014. Ciudad Juárez, considerada alguna vez la ciudad más violenta del mundo, también registró una reducción del 93,6% entre 2010 y 2015. (Muggah, 2016, p. 1)
Fuentes:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2015), Violencia, niñez y crimen organizado, CIDH – OEA. Jaitman Laura, editora, (2015), Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington, Estados Unidos. Muggah y otros, (2016), Haciendo de las ciudades lugares más seguros: Innovaciones sobre seguridad ciudadana en América Latina, Instituto Igarapé, Banco Interamericano de Desarrollo y Consejo sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia de la Agenda Global del Foro Económico Mundial. PNUD,(2013), Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 SEGURIDAD CIUDADANA CON ROSTRO HUMANO: diagnóstico y propuestas para América Latina, New York Estados Unidos.
