Vidal señaló que la decisión "no es una purga" sino "una pelea de fondo en contra de cómo funciona el sistema" sin "pactos de connivencia" .
(NA) La gobernadora María Eugenia Vidal anunció ayer el envío a la Legislatura provincial de un proyecto para reformar el Estatuto del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que incluye cambios en la modalidad de ingreso y evaluación de sus integrantes, luego de disponer el desplazamiento de la cúpula y su intervención por 90 días.
La mandataria señaló que la decisión "no es una purga" sino "una pelea de fondo en contra de cómo funciona el sistema" sin "pactos de connivencia" y advirtió: "El autogobierno se terminó".
Acompañada por el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, Vidal destacó que la inseguridad "no se resuelve con parches ni improvisaciones, sino con un trabajo en varios frentes" y resaltó que "si la persona que ingresa en el sistema (carcelario) no encuentra una manera de reinsertarse socialmente, es potencialmente alguien que vuelve a delinquir, por lo que eso no nos protege como sociedad".
"Que no se malentienda esta reforma: no es un desplazamiento de cúpula, es mucho más profunda. No creemos en las purgas, las purgas no resuelven los problemas. Dar la pelea de fondo en contra de cómo funciona el sistema es lo que los va a resolver. Esto requiere cambiar leyes. No podemos dejar que las cárceles sigan funcionando con una ley de la dictadura", precisó durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno provincial, en la ciudad de La Plata.
Vidal remarcó que su proyecto de ley de reforma del Servicio Penitenciario, que fue enviado a la Legislatura bonaerense para su tratamiento, persigue "un camino que vuelva a proteger a la sociedad" ya que "no se puede convivir con el delito dentro de ninguna de las fuerzas".
"Lo que de verdad permite un cambio, para sentirnos más seguros y protegidos, no son las improvisaciones ni los parches: son políticas como éstas. Si alguien no las decidió antes fue porque dejaban que las fuerzas se autogobernaran, había pactos de connivencia. Pero la gente sabe que en nuestro gobierno no hay pactos de connivencia. El autogobierno se terminó", subrayó.
En este camino, pidió "al resto de las fuerzas políticas que han acompañado (al Gobierno) en tantas peleas difíciles este año", que la acompañen "también en ésta y que den la discusión en la Legislatura".
Se trata de dar señales claras a un sistema". Éste es el momento de hacer el cambio", añadió Vidal, tras advertir que no quiere "mano de obra desocupada dentro de la fuerza" y que "cuando uno deja de hacer, se convierte en cómplice".
"Nosotros, antes de ser cómplices, asumimos riesgos", completó.
Por su parte, Ferrari sostuvo que "se reemplaza una ley de la dictadura para procurar democratizar el Servicio Penitenciario y cambiar toda la estructura de funcionamiento con transparencia y control político", con "una mirada desde los Derechos Humanos en el ejercicio concreto de la profesión de los penitenciarios".
"El primer eje de la reforma es el cambio de toda la estructura de funcionamiento del Servicio Penitenciario", precisó Ferrari, quien además adelantó que se requerirá que las "exigencias" para ingresar a la carrera penitenciaria "superen ampliamente lo que hoy se tiene" y "el ingreso por concurso de antecedentes".
El ministro de Justicia provincial confirmó también que "por un plazo de 90 días" la cúpula del SPB será reemplazada por personal civil, en tanto que se creará un área "encargada de la evaluación de desempeño de todos aquellos que cumplen funciones" en el organismo.
Vidal dispuso en las últimas horas el desplazamiento de la cúpula del Servicio Penitenciario de la provincia, a cargo de Fernando Díaz, y designó una intervención por 90 días encabezada por del subsecretario de Políticas Criminales, Juan Baric.
Fue el ministro Ferrari quien pidió la renuncia de toda la conducción del SPB como paso previo al lanzamiento de una "megarreforma" en el área: "Esto es una toma de control del Ministerio de los puntos centrales que llevarán adelante la reforma. Todas las personas que tengan funciones dentro del servicio serán evaluados para confirmarlos o desplazarlos", adelantó el funcionario.
Díaz estaba en la mira de varios organismos provinciales, particularmente por la Comisión Provincial de la Memoria que solicitó en reiteradas ocasiones su renuncia por su actuación como auditor general del Servicio Penitenciario Federal, que también investiga la Justicia Federal.
Específicamente, a Díaz se lo investiga por presunta "administración fraudulenta" en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de vejaciones en cárceles salteñas: esto es por presuntamente haber convalidado, como auditor, un desfalco con la comida para presos en Salta, que incluía sobreprecios, alimentos que no se entregaban y robo de las raciones.
Díaz había sido nombrado por la gobernadora Vidal como máximo responsable del SPB en diciembre pasado, luego de la salida de Florencia Piermarini y del escándalo por la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
