Lo dije en el 2011 y lo ratifico en el 2016: el Código de Ordenamiento Urbano de Campana (COU) es un instrumento de Estado que se modificó al servicio de la expansión territorial y económica de las corporaciones industriales, petroleras y portuarias, y de brokers inmobiliarios en desmedro de la soberanía estratégica, cultural, alimentaria y territorial de nuestra ciudad.
Cualquier vecino que accione desde su computadora el buscador de La Auténtica Defensa va a encontrar mi Carta Abierta publicada el martes 16 de agosto de 2011. Titulada "Deporte, planeamiento urbano y poder político", ahí manifesté que el Código Ordenamiento Urbano de Campana modificado en 2011 (que debería llamarse "Código Giroldi - Ghione - Cazador" por ser ellos sus principales operadores) se basó en una convocatoria selectiva e inconstitucional del Ejecutivo: Giroldi privilegió la voz de las grandes corporaciones y asociaciones de Campana, y no consideró temas urbanísticos fundamentales para el vecino de a pie.
La consulta del legislativo a los vecinos –bajo presidencia de Cazador- fue sólo un simulacro de participación: nunca pudimos integrar mesas de trabajo o comisiones de estudio y aporte. Todo se resolvió en los despachos, excluyendo a los simples ciudadanos de Campana, sin el debate institucional y detallado que requería el nuevo COU.
Estas arbitrariedades concluyeron en un código ajustado a la intención –dicho públicamente por la directora del mismo- de "liberar indicadores", a la medida de los grandes negocios inmobiliarios y de la industria concentrada. Y todo con la aprobación unánime de los 18 concejales de Campana.
¿Por qué los intereses de 30 actores, o sea las grandes empresas, sus colegiados y sus operadores políticos, se impusieron a las mayorías empobrecidas y precarizadas de Campana con el COU 2011? Porque los poderosos de Campana tenían en 2011 lo que aún conservan en 2016: una representación política sumisa a sus intereses económicos, políticos e ideológicos, incapaz de pensar y aplicar formas de desarrollo inclusivas, que privilegien el interés común y la vida de toda la comunidad.
Ahora, es la Justicia la que deberá calificar y juzgar presuntos delitos complejos ocurridos durante el recorrido vandálico que va del Código Giroldi-Ghione-Cazador de 2011 sumado al bizarro contrato de canje del estadio de fútbol de TenarisSiderca por el Puerto de Frutos de 2014; el asalto al Juzgado de Faltas Nº 1 del Dr. Patricio Jordan en 2015 (¡único ámbito de resguardo local de los atropellos ambientales!), y el peligroso contrato de comodato de uso del Puerto de Frutos de 2015 pergeñado e impulsado por Giroldi-Ghione-Cazador en 2013.
Entre la documentación que presenté a la Justicia se encuentra el "Tercer Pedido de Informes – Estadio de Villa Dalmine: La felicidad del Viola... ¿o el desarrollo de Tenaris?" Esa fue una presentación del 22 de octubre de 2013, por la cual solicité "que el HCD de Campana disponga todos los medios a su alcance para el esclarecimiento de la "operación canje", cuyos móviles, su utilidad y los daños estratégicos que pudieran haberse provocado a la comunidad de Campana" ¡Nada se hizo!
Con el recuerdo de 23 niños campanenses muertos en 2012 "por prematurez extrema y malformaciones", con todas las Pamela Arévalo y todos los pibes que se nos fueron en la trama de la "acumulación política" y el "vamos por más", con el sufrimientos de aquellos solo sirven para la estadística de nuestros centros de estudios, la contabilidad de las fundaciones y el sustento de los aparatos políticos con los que el poder político simula preocupación humanitaria, la comunidad de Campana, traspasando pertenencias ideológicas y políticas, debe desmontar la cultura de la impunidad y asumir el compromiso de evitar mayores daños y mayores víctimas.
"Resulta incoherente (…) si cuando se violan esos derechos fundamentales, es el mismo Estado el que consagra la impunidad" expresó oportunamente el Juez Federal Alejo Ramos Padilla, y así fundamenta un eje decisivo a la hora de evaluar la cosa pública y entender los derechos esenciales fundamentales de una mujer, un hombre o un pueblo.
La causa penal FSM 60877/2016 del Juzgado Federal Nº 1 de Campana caratulada "sobre averiguación de delitos", tal vez sirva para demostrar cómo la calidad de vida y la vida misma de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, estuvo sometida a prácticas conscientes, planificadas y sistemáticas del estado municipal aplicadas a la promoción y expansión de los bienes y los beneficios de la empresa TenarisSiderca... ¡y al encubrimiento de los daños y víctimas que ha provocado éste accionar!
Estamos ante la posibilidad de demostrar que las inundaciones, la precarización social y las enfermedades emergentes que asolan a muchos de nuestros vecinos fueron resultado de los negocios del estado municipal con las grandes corporaciones de Campana.
Por eso, hoy más que nunca es necesaria la convergencia de fuerzas políticas, culturales y sociales para construir nuevas metas y nuevas formas de participación, en cada barrio, en cada Sociedad de Fomento y en cada lugar de pertenencia, poniendo especial interés en la participación vecinal directa en el Comité de la Cuenca del arroyo De la Cruz, nuestro conflicto estratégico más importante.
