Desde el Frente para la Victoria acusaron a la gestión de Abella de "traer procedimientos de compras de Capital Federal" que no existen en la legislación provincial. Por su parte, el radicalismo señaló contratos en los que primero se facturó y luego se generó la orden de compra. El Frente Renovador pidió "clarificar" el sistema y levantar la emergencia económica.
En la sesión del HCD desarrollada el 25 de agosto, el Gobierno ingresó en el orden del día diez proyectos de ordenanza para que el Deliberativo convalidara pagos a proveedores por bienes y servicios adquiridos este año. Con anterioridad, había presentado otros cuatros proyectos correspondientes a compras hechas en los meses de enero, febrero y marzo.
Se trataba en su totalidad de acuerdos comerciales para abastecer a los centros de salud de la ciudad, especialmente al Hospital San José: desde la adquisición de tubos de oxígeno a Praxair o el tratamiento de residuos patógenos y radiológicos a cargo de Lamcef, hasta el lavado, secado y planchado de ropa blanca por la firma Tex Care Argentina. Pero lo que parecía en principio un procedimiento más terminó levantando serios cuestionamientos a las formas de contratación y uso de los decretos de emergencia pública seguidos por la gestión de Abella.
"Lo que sucedió es un hecho que no tiene antecedentes en la historia del Concejo Deliberante", aseguró Juan Ghione, presidente de la bancada del Frente Renovador.
"Es clara la ley orgánica cuando dice que compras que han sucedido el año anterior -a los fines de poder ser pagadas- deben ser ratificadas por el HCD; pero acá estamos hablando de contrataciones que tienen que ver con el año en curso", señaló el concejal.
El último jueves, ni bien comenzaron a ponerse en consideración los catorce proyectos de pago, Carlos Gómez (UCR) tomó la palabra y afirmó que "el Ejecutivo pretendió por medio de decretos convalidar contrataciones directas que deberían haberse hecho mediante licitaciones", comentando que "nadie (del oficialismo) en la comisión (de Presupuesto y Hacienda) pudo justificar este procedimiento".
Además, el radicalismo hizo notar la "extempo-raneidad" en los procedimientos debatidos, indicando que la contratación fue "posterior a la facturación de los servicios".
"Por ejemplo, en el expediente 4016-27972/2016 se convalidan gastos facturados en el primer trimestre de 2016, con suministro de fecha de mayo 2016 y orden de compra de fecha del mes de junio de 2016", precisó.
En un procedimiento de compra normal, primero se emite el pedido de suministro y la solicitud de gasto, luego se adjudica la contratación mediante el procedimiento que corresponda -establecidos en la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM)- y se emite la orden de compra, la cual debe tener fecha dentro del mes en que se presta el servicio. Por último, el proveedor factura y el Municipio paga.
"Aquí se hizo en todos los casos al revés. Primero se facturó y después se contrató fuera de término", subrayó Gómez, tal cual lo había hecho por escrito en la comisión.
Al mismo tiempo, el radicalismo denunció que -al menos- dos de los expedientes de compra se efectuaron con partidas sin fondos disponibles, situación que le fue reconocida por la Contaduría Municipal y la Dirección de Presupuesto. Tampoco -aclaró Gómez- habría un decreto de modificación presupuestaria reasignando partidas, aunque cabe recordar que las publicaciones del Boletín Oficial se encuentran paralizadas desde hace casi un año. Las disposiciones firmadas por el intendente en lo que va de su mandato son desconocidas.
Ghione consideró que los expedientes presentan "irregularidades", que en todos los casos "se han saltado pasos previos" y que, por lo tanto, el HCD no debería actuar "a menos que se requiera un acompañamiento o un guiño de compras que son irregulares".
"En la primera oleada de proyectos que llegaron (pagos de enero, febrero y marzo) uno podía encontrar explicaciones y atenuantes. Pero en la segunda camada, llegaron pagos por servicios de mitad de año, un período en el que si se hubiese utilizado la herramienta de la emergencia, los plazos se hubieran dado para comprar regularmente", explicó.
Desde el Frente para la Victoria, la concejal Soledad Calle coincidió en que era lógico "contratar de forma directa" en el primer trimestre porque "no había plazos para armar una licitación. Pero ahora subieron pagos hasta agosto. ¿Por qué no se convocó a licitación?", se preguntó.
"Y además -continuó- pudimos ver que se está comprando sin licitar por montos mayores de los permitidos".
Según la LOM, a precios de 2015 los montos máximos en compra directa permitidos son de $273.543 para obra pública; $54.703 para adquisiciones y contrataciones; y $27.352 para venta de bienes.
"En el caso del contrato con Praxair, cuyo costo es cercano a los $150 mil por mes, en lo que va del año se superó ampliamente el límite permitido", señaló Calle.
La concejal sostuvo que el Gobierno tiene "la fantasía con respecto a que la Emergencia Económica (votada en el amanecer de la gestión) habilita a todo. y "no habilita a saltearse las licitaciones".
Ademas, puso en duda las llamadas "licitaciones abreviadas" con la que el Gobierno ha avanzado en varias iniciativas, por ejemplo, desde la Secretaría de Planeamiento.
"Es una cosa que no sé de dónde la sacaron. No está establecido en la Ley Orgánica: probablemente la trajeron de Capital Federal", estimó, adelantando que la semana pasada el HCD citó a los funcionarios de Hacienda para que den explicaciones al respecto.
"Una declaración de emergencia habilita en todo caso a no respetar los topes, no habilita a procedimientos de compras nuevos y que no existen en la Ley", agregó, llamando la atención sobre "la sumatoria de emergencias que hay" en materia económica, hídrica, de infraestructura, transporte y seguridad, entre otras, y las decisiones administrativas que se toman en el marco de cada una.
"Ahí puede estar la trampa", opinó.
"Si la herramienta de la emergencia es mal utilizada -consideró Ghione-, y si directamente tampoco se sigue la Ley Orgánica para comprar de manera directa, indudablemente hay que darle claridad al régimen de compra, volver al original y salir de la emergencia".
"Hoy se anuncian obras millonarias para algunos barrios, ya se sancionó (las ordenanzas) fiscal e impositiva, ha habido adecuaciones en los salarios municipales, se aumentó lo recaudado por alumbrado público: dadas estas circunstancias y viendo que la emergencia está siendo mal utilizada, es hora de ponerle fin", insistió.
En la última sesión del HCD, todos los 20 concejales -oficialistas y opositores- votaron por devolverle los catorce proyectos de convalidación de pagos al Ejecutivo. A pesar de las "irregularidades" presentadas, el Gobierno puede hacerle frente a los gastos. Pero rechazando su aprobación, el HCD -y en especial, la oposición- se aseguró estar libre de culpas a la hora de que el Tribunal de Cuentas examine y, eventualmente, penalice estas contrataciones. Un riesgo que el Ejecutivo ahora corre por sí solo.
