¿Ha llegado la hora del gatopardismo a la gestión Cambiemos local y sus aliados?. Al menos en el caso de la problemática del agua en la ciudad, que actualmente se encuentra bajo el yugo de la empresa estatal provincial ABSA, se está iniciando un movimiento donde el "Tancredi" local (Carlos Cazador) a través de sus propuestas, no exentas de utopía, parece estar diciendo la típica frase de la comedia siciliana "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".
Es que el concejal vecinal ha comenzado a proponer la estatización del servicio de agua local, no sin antes hacer algunas salvedades aggiornando su propuesta sobre la marcha ante los debates que algunos, como quien suscribe, le van propinando. Así es que cada vez que habla de su anquilosada propuesta el concejal debe aclarar que se trata de una "estatización" pero en manos del Estado municipal, diferenciando de ese modo su propuesta de la situación que se da actualmente en ABSA, -como mencioné antes- una empresa estatal provincial en la que además se ha configurado un engendro empresarial colocando a su propio gremio, a modo de cooperativa, como parte "accionaria" de esta seudo-empresa. Situación esta última que viene a producir aún mayor confusión en su funcionamiento, que se traduce fácticamente en una lamentable ineficacia de la prestadora y como consecuencia una horrenda ineficiencia en el servicio recibido por la gente; sumado esto al subsidio que estaría otorgando el Estado provincial, no solo en la gestión anterior sino también en la actual. Demás está decir que un subsidio estatal a una empresa declaradamente ineficiente, no será más que un paliativo de corto plazo, lo que deja muy en claro que Campana deberá buscar cuanto antes una alternativa, y en esto es que quiero centrarme en este artículo -y eventualmente en algunos próximos-, para desarrollar conceptualmente una propuesta alternativa e innovadora, contraria a ese gatopardismo de cambiar para que nada cambie.
Historia reciente: Aguas de Campana
Debo hacer una salvedad en cuanto a la historia del servicio de agua potable y cloacas en nuestra ciudad, sabido es que hubo una empresa privada -Compañía Aguas de Campana SA-, que ocupó el edificio del icónico tanque elevado frente a la Escuela Normal, cuya gestión fue truncada el 27 de mayo de 2008 tras la rescisión del contrato, a la vez de la llegada de un "acuerdo" firmado entre la gestión Giroldi del Municipio de Campana y la empresa estatal provincial ABSA.
La salvedad se enmarca en el contexto de la época, en la que el kirchnerismo a nivel nacional entraba en una segunda etapa, con la presidencia de Cristina Fernández y el doble comando en economía de su predecesor, situación que no es menor dado que empezaba entonces una nueva manipulación de la economía, léase control de precios en los servicios públicos que impedía la adecuación de éstos a la creciente inflación -la cual comenzaba a ocultarse a través de la manipulación estadística-. Así las cosas, las empresas de servicios comenzaban a mostrar problemas financieros, reduciendo en consecuencia la inversión, para luego finalmente trasladar el problema directamente a la prestación de los servicios que comenzaban a notarse ineficientes, a lo que se sumaron conflictos laborales del personal, de origen sindical, que efectuaba reclamos a la empresa con la práctica extrema del quite de colaboración. Paralelamente los usuarios del servicio, vecinos de nuestra ciudad, ya adeudaban a la empresa Aguas de Campana cerca de 11 millones de pesos, situación ante la cual además desde el gobierno se impedía de algún modo el corte del servicio a los deudores, por lo que era previsible que la la morosidad continuaría en aumento, a la vez que los insumos requeridos por la empresa ya comenzaban a encarecerse. Esta situación, descrita a grandes rasgos, implicaba una imposibilidad de supervivencia para una empresa privada, porque es sabido que los privados solo pueden sobrevivir en base a una cierta eficiencia signada por una ecuación matemática en la cual las ganancias deben superar a los costos e insumos, o en último caso deben tener un panorama futuro alentador que les permita continuar invirtiendo con la expectativa de ganancias futuras. Ninguna de estas ecuaciones se daba en la realidad, cuando finalmente el 27 de mayo de 2008 el HCD aprobó la rescisión de contrato con Aguas de Campana (CACSA) a la vez que refrendó el contrato con Aguas Bonaerenses SA (ABSA).
Empresas privadas en competencia
La prestación del servicio de agua potable y cloacas es claramente una cuestión territorial, que puede dar lugar a pensar en la imposibilidad de la competencia, sin embargo no solo existen casos de estudio en la actualidad en el mundo, sino también en la historia europea cuando se daba la expansión del servicio de electricidad, en los albores de la era industrial. Convengamos ante todo que una vez privatizado el servicio lo que tiene lugar es una concesión de los ramales de agua y cloacas, y de ningún modo una venta de éstos a las prestadoras. En este contexto es que el Municipio cumple un rol muy importante en la administración de nuevos permisos, como también la intervención en casos de conflicto o rescisión del contrato de alguna de las empresas privadas prestadoras, que deberán trasladar sus clientes a otras existentes o nuevas que liciten para la nueva concesión.
En la historia hubo experiencias de zonificación como el caso del ayuntamiento de París que dividió la ciudad en seis sectores, concediendo la explotación de cada sector a una compañía distinta. Si bien no competían entre sí, con el transcurso del tiempo las zonas mostrarían una situación diferente, con lo cual podría conocerse la eficacia de cada una de las prestadoras, pudiendo con el tiempo adquirir mayor renombre, a medida que las menos eficientes intentarían igualar la calidad para evitar el escarnio público; un tipo de competencia de cierto modo distante, pero imposible de obviar a largo plazo.
Siempre en la historia, casos como el del ayuntamiento de Madrid llevaron al extremo la competencia entre empresas, sin zonificación establecida, excepto por los permisos que debía otorgar el Municipio, que generalmente no oponía objeción alguna, habiendo casos inclusive en que se superponían los tendidos por las mismas calles. El caso es analizado en el libro "La competencia en la distribución de electricidad en Madrid", dejando claro que en muchos aspectos la competencia entre las empresas, que fue decididamente más dura en sus inicios, benefició a los usuarios en cuanto al mejoramiento de la calidad, menores precios, y una expansión constante en cuanto al tendido de redes para captar nuevos clientes.
Si bien en nuestro caso no estamos hablando de electricidad, lo cierto es que se trata de redes para proveer agua potable por un lado y para la recolección de aguas servidas y residuos cloacales por el otro. Tenemos las mismas condiciones y por ende las mismas posibilidades, por un lado de que el Municipio zonifique la ciudad en sectores y conceda la explotación a diferentes empresas privadas, y por el otro tendríamos la que considero aún mejor opción, que es la creación de un ente autárquico que concentre la administración de la red de distribución y recolección, dando a diferentes empresas la explotación ya no de sectores o zonas, sino de clientes. Los clientes que ya tuvieran activo el servicio podrían elegir en principio una de las compañías a las cuales adherir, a la cual efectuarán su pago mensual, además de reclamar a ésta por cualquier anomalía en la prestación. En cuanto a la extracción del agua potable o el tratamiento de aguas servidas, dicho servicio se concesionaría a una o varias empresas, las cuales cobrarán por el servicio en cuestión, recibiendo además cualquier reclamo de las prestadoras de la red, para mejorar, o ampliar su capacidad, acorde a las necesidades. El pago por el servicio de éstas últimas se efectuaría en base al canon que paga cada una de las prestadoras al ente autárquico central.
El usuario tendría la posibilidad de elegir la empresa prestadora. De modo que las distintas explotadoras de la red podrían variar en cuanto a los precios ofrecidos, y calidad del servicio, pudiendo de ese modo captar o perder clientes en el proceso, siendo indefectible la necesidad de una prestación de calidad para mantener o aumentar la clientela. Cada empresa pagaría un canon, acorde a la cantidad de clientes que detenta; pago que efectuaría al ente autárquico que oficia de administrador. Por otra parte nuevas empresas podrían solicitar sectores que aún no posean prestación de servicios, para extender la red mediante su propia inversión, lo que les otorgaría en este caso -mediante un contrato- la posesión y explotación de la zona ampliada, al menos durante 5 años -o el tiempo estipulado para la amortización de la inversión-; vencido el período de gracia, si el cliente estuviera disconforme con la prestación, podría solicitar ser atendido por otra en su lugar.
El Municipio estaría siempre al tanto de las expansiones en la red, dado que sería quien otorgue las licencias para los trabajos, pudiendo además proponer nuevas zonas, para que las empresas prestadoras, se presenten a licitación para invertir, extender la red y luego explotar su prestación, en las condiciones que se estipulen en las regulaciones contractuales con el ente autárquico administrador central, que no debería beneficiar a una empresa por sobre la otra sino que todas actuarían en igualdad de condiciones, siendo la única salvedad una sugerencia de precios acorde a las diferentes zonas -mismas que también afectarían el costo del canon que cada empresa pagaría por cada cliente-, lo que no implicaría una regulación forzosa del precio, dado que el ejercicio libre de la competencia es lo que deberá bajar o adecuar los precios.
Por último, en este somero bosquejo de la propuesta, se implementarían unos vouchers, que el Estado municipal podrá otorgar a las familias con problemas económicos o jubilados, para que mediante éstos puedan hacer frente al pago del servicio en caso de carecer de recursos. Los vouchers se entregarían a las familias, para evitar el contacto económico del Municipio con las empresas prestadoras, situación que conllevaría a una posibilidad de control o beneficio por parte del Estado, lo que implicaría afectar la libre competencia.
De este modo, el gobierno se asegura tener resuelta la problemática de familias carenciadas, quienes a su vez podrán elegir libremente a los prestadores que le ofrezcan mayores beneficios, siendo que los vouchers claramente representarán una suerte de cheque a cobrar en ventanilla de proveedores de la oficina municipal, dejando claro de este modo que no existiría subsidio alguno que deba ser otorgado por el Estado a las empresas privadas, sino que el subsidio se entrega al usuario necesitado de ayuda.
Mario Trila
Twitter: @matrixway
