Lo dispuso el juez Ercolini, cuya decisión permitirá acceder a toda la información impositiva reservada de la ex familia presidencial.
(NA) El juez federal Julián Ercolini dispuso ayer lunes el levantamiento del secreto fiscal para que se pueda acceder a toda la información impositiva reservada de la expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la causa "Hotesur", en el que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero entre empresarios ligados al kirchnerismo y la firma hotelera propiedad de la familia.
El magistrado respondió con este fallo a un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, que había considerado "necesario recabar información fiscal de las personas físicas y jurídicas que se encuentran vinculadas a aquella maniobra materia de pesquisa".
La medida solicitada por Pollicita incluye además a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y al expresidente Néstor Kirchner, al considerar que, si bien falleció en 2010, es relevante analizar su situación económica para la causa por haber sido accionista de Hotesur.
"Considero que en los términos propuestos por los representantes de la vindicta pública, resulta oportuna, pertinente y útil al curso de la pesquisa la medida impetrada, por lo que dispondré de conformidad el levantamiento del secreto fiscal (Art. 101 de la Ley 11.683), respecto de las personas físicas y jurídicas que a continuación se detallarán, y con relación a los períodos de interés", expresó Ercolini.
En su resolución a la que accedió NA, el juez federal especificó que el secreto se levanta sobre 21 empresas, entras las cuales están "Austral Construcciones S.A, Badial S.A., Alucom Autral S.R.L., Loscalzo y Del Curto construcciones S.R.L., La Aldea del Chalten S.A., Hostería el Retorno S.A., y Alcalis de la Patagonia S.A.".
Por otra parte, la expresidenta fue denunciada este lunes por ser líder de una "asociación ilícita" para cometer delitos relacionados con la obra pública durante su gestión.
La presentación la hizo la diputada Margarita Stolbizer a través de su abogada Silvia Martínez, tanto en la causa Hotesur como Los Sauces, a cargo de los jueces Ercolini y Claudio Bonadio, respectivamente.
En ambos casos, se investiga retornos por parte de empresarios como Báez o Cristobal López a los Kirchner, luego que los beneficiara a aquellos con la obra pública.
"Desde el año 2003 y en el periodo que corresponde a las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, diferentes funcionarios públicos (inclusive los presidentes mencionados) y empresarios privados claramente identificados por sus vínculos personales con aquellos, conformaron una asociación ilícita vinculada a la obra publica", sostuvo Stolbizer.
Según su denuncia, "existía una organización interna con roles y deberes determinados cuyos jefes o cabeza de la banda era la familia Kirchner".
La medida solicitada por Pollicita incluye además a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y al expresidente Néstor Kirchner
