"A pesar de lo que pueda anunciar el gobierno nacional por acuerdo con los gobernadores se encuentra vigente lo dispuesto por el Juez Arias", expresó el Dr. Mauricio Bernardo Bianchi quien preside la asociación civil "Defensa de Consumidores y Usuarios".
"A pesar de lo que pueda anunciar el gobierno nacional por acuerdo con los gobernadores se encuentra vigente lo dispuesto por el Juez Arias de La Plata que dictó una medida cautelar y anuló el tarifazo sobre la energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires. Esto alcanza a todas las distribuidoras que operan en su territorio, tanto a las empresas EDELAP, EDEN, EDEA y EDES así como a todas las cooperativas". Con esa expresión, el Dr. Mauricio Bernardo Bianchi quien preside la asociación civil "Defensa de Consumidores y Usuarios" ratificó que los aumentos en el servicio de electricidad en la Provincia de Buenos Aires "se encuentran anulados".
Además aclaró: "El Juez dio precisiones sobre los plazos para hacer vigente esta medida y por ello desde mediados de esta semana todas las empresas y cooperativas estarán obligadas a refacturar las boletas emitidas y no podrán cobrarle a los usuarios los aumentos, deben cobrarles los valores vigentes con el cuadro tarifario anterior".
El Dr. Luis Federico Arias, Juez Contencioso Administrativo de La Plata, no solo hizo lugar al planteo del "Colectivo de Acción de Subalternidad" y suspendió los efectos de la Resolución 22/16 del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires sino que aclaró luego su implementación por lo que puede resumirse lo resuelto de la siguiente forma:
1-Se anula el cuadro tarifario impuesto por la citada resolución y se vuelve al cuadro tarifario anterior al aumento. O sea el tarifazo queda sin efecto.
2-La medida cautelar alcanza a todas las distribuidoras de electricidad provinciales o municipales. O sea que todas las empresas y cooperativas están incluidas.
3-El gobierno provincial debe instruir a todas las distribuidoras para que en el plazo de tres días hábiles ajusten su facturación al cuadro tarifario anterior, ello bajo apercibimiento de sanción con multa diaria de $ 30.000 y las denuncias penales por incumplimiento de la orden judicial
4-Suspender el vencimiento de las facturas ya emitidas las cuales deberán ser abonadas con el cuadro tarifario anterior sin interrupción ni alteración de prestación del servicio.
"Concretamente el Juez ha ordenado volver a las tarifas anteriores al aumento y todas las empresas y cooperativas tienen que efectuar la refacturación del servicio a todos los usuarios y si eso no se les respeta deben hacer la denuncia ante asociaciones de consumidores o en los organismos municipales de defensa del consumidor y ellos sabrán cómo hacer cumplir el fallo", advirtió el Dr Bianchi.
"Se encuentra pendiente de resolución un amparo solicitado por el Municipio de Avellaneda en el mes de febrero por los aumentos de la empresa Edesur. Esa acción judicial tramita con una insólita demora en el Juzgado Federal de Quilmes y siendo la primera presentación realizada por este tema en todo el país, resulta llamativa la lentitud del Juzgado para expedirse", agregó.
Los usuarios del Gran Buenos Aires podrían ser beneficiados si ese Juzgado tomara una decisión similar a la del Juez Arias.
Respecto de los fundamentos tenidos en cuenta por el Juez platense para anular el tarifazo se destaca que la Resolución del Ministerio de Infraestructura Provincial "vulnera el principio de participación ciudadana (lo que) se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva". A su vez añade: "Al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario, se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la Provincia".
Por último, el Dr Bianchi remarcó: "La enorme cantidad de fallos que se están dictando en todo el país anulando o restringiendo los efectos de los tarifazos de luz y gas demuestran que las decisiones del gobierno han sido desacertadas y, sobre todo, que no corresponde tomar medidas sin siquiera convocar a las audiencias públicas. La falta de transparencia y participación para el dictado de los aumentos es un claro incumplimiento de las normas y el gobierno debe volver sobre sus pasos".
