Buenos Aires, (NA)- Las tarifas de electricidad y gas para grandes usuarios aumentarían entre 10 y 35 por ciento, de acuerdo con lo comprometido en la Carta de Intención que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional, trascendió ayer.
En el caso de la electricidad, los ajustes se aplicarán con retroactividad al primero de febrero último, mientras que en el del gas se aplicarían desde mayo.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, buscó restarle relevancia a esa información, al señalar: «Esa noticia es viejísima, es el 35 por ciento que anunció el gobierno» tiempo atrás y que aún no se aplicó.
Según trascendió, el ajuste en la electricidad será retroactivo a partir del primero de febrero, mientras que para el gas los incrementos se harán efectivos a partir de mayo, «después de las audiencias públicas», según el texto consensuado con el FMI publicado ayer por el matutino Infobae.
En esa Carta, el gobierno argentino sostiene que «los aumentos estarán en el rango de 10 a 35 por ciento, y serán aplicados retroactivamente al primero de febrero en el caso de la electricidad».
Además, señala que «para gas, los incrementos se harán efectivos a partir de mayo, después de las audiencias públicas». «Un paso clave para restablecer la viabilidad de las concesiones de energía se ha dado a mediados de febrero de 2004, con el anuncio de un aumento en las tarifas cobradas a nivel de usuarios industriales de electricidad y gas natural, y para el gas líquido utilizado por el transporte de pasajeros», destaca el documento, redactado como si los incrementos ya se hubiesen producido.
En ese texto se aclara que, para el caso del gas, además del aumento se le ha garantizado a la Secretaría de Energía «el poder de negociar ajustes específicos sobre una base bilateral con los productores» del fluido.
Con respecto al marco regulatorio, la carta dada a conocer por Infobae apunta que «será formulado de una manera completamente consistente con las concesiones renegociadas, apoyando la participación del sector privado en la provisión de los servicios públicos y protegiendo a los consumidores de bajos recursos».
