Es de público conocimiento que el importantísimo aumento de los índices delictivos ha desbordado la capacidad real de las instituciones encargadas de administrar justicia, tanto en lo que es el Ministerio Público, fiscal y de la defensa, los juzgados de los diversos fueros e instancias como así también en la apelación.
Esta situación lleva a pensar que en breve, si esta situación continúa, colapsaría inevitablemente el poder judicial y el tan ansiado acercamiento a la justicia de quienes deben por esas cosas de la vida, transitar por las tramitaciones jurídicas.
Es absolutamente verdad que en todos los departamentos judiciales, especialmente los que concentran mayor población, se escuchan los mismos argumentos que de algún modo intentan justificar las tediosas demoras a las que la comunidad se ve sometida, que el personal es en número insuficiente, que el presupuesto no alcanza que los peritos disponibles no son suficientes para llevar adelante las investigaciones con la celeridad que determinadas causas requieren etc.
Todo esto tiene su origen en la realidad que desde hace varios años venimos soportando los habitantes de este país, situación de la cual no somos culpables, pero como dice el refrán popular, ¨marche preso¨.
Ante esta situación que nos envuelve a todos por igual debemos preguntarnos que hacer para revertirla, a pesar de la diversidad de recetas que nos ofrecen a diario la respuesta es una sola para esta y otras cuestiones de suma importancia comunitaria y es la de aportar, sumar y fundamentalmente participar. Esto último suena como aquello de tirar la pelota afuera, o dicho en otras palabras, deslindar responsabilidades. Pero si analizamos la cuestión nos daremos cuenta que lo que le sucede al país en materia de administraciones es comparable con lo que pudiese pasar en una pequeña o gran empresa o en nuestro propio hogar. En todos los casos es menester agudizar el ingenio y de ese modo optimizar al máximo los recursos existentes para de todos modos alcanzar los objetivos.
En principio si partimos de la base que el incremento del delito es el motivo principal de este abarrotamiento debemos empezar por comprender las múltiples razones que llevan a las personas a delinquir, tratar de abordarlas en principio desde nuestra casa, la familia, la escuela, etc. y trabajar desde la educación en la prevención de estas conductas humanas.
Sería muy amplio detallar en esta columna la amplísima gama de posibilidades que tenemos cada uno de trabajar en ese sentido, de hecho mucho se está haciendo, desde el estado, las escuelas, organizaciones agrupaciones barriales; la iglesia otras confesiones religiosas, etc.
Cuando se agotan las instancias preventivas porque el delito se cometió de todas formas, comienza a ponerse en marcha el aparato judicial donde también se hacen verdaderos y hasta titánicos esfuerzos para acercar la justicia a la gente y hacerla más eficaz y expeditiva.
Es en la primera etapa, es decir en la formación de la IPP (investigación penal preparatoria) donde se pueden observar los mayores y titánicos esfuerzos para llegar a pesar de todo a cumplir con los ajustados pasos procesales porque es aquí donde urge arribar cuanto antes a la instancia del juicio donde se dictará la sentencia, sea condenatoria o absolutoria.
Es verdad que el estado debe aportar todo lo necesario para una correcta y rápida administración de justicia pero también todos debemos esforzarnos para que la justicia rápida y eficiente sea como reza nuestra Constitución Nacional, un derecho de todos.
Pte. Círculo Periodistas CIPECA
Ex-titular Of Munic. Derechos y Garantías Constitucionales.
Coord. Of. desc. política criminal y coord. fiscal.
