Buenos Aires (Especial para NA por Marisa Alvarez) -- Una red de discrepancias, desconfianzas y tensiones cruzadas se está tejiendo otra vez entre sectores clave del aparato gubernamental de la Provincia; una red que, por el rol y el peso de sus protagonistas, complica las relaciones y el desenvolvimiento institucional y abre interrogantes sobre la dimensión que pueda terminar teniendo este clima de confrontaciones múltiples que tienen como coordenada repetida al Ejecutivo provincial.
Un frente de conflicto -por ahora latente- volvió a abrirse en la relación entre el gobernador Felipe Solá y la Cámara de Diputados provincial.
Ahora es la presunta creación de un subloque ¨felipista¨ de 16 miembros la razón de la discordia.
¨Es un invento, no existe el subloque; un grupo de diputados me pidió una reunión y yo los recibí, como a todo el mundo. Si quiere venir el resto, también los recibo¨, dice Solá, pero el grupo que manda en Diputados no oculta su ¨malestar¨, decidido a no tomar nota de que quizás la motivación profunda de la movida de ¨los 16¨ sea que ¨la diputadora¨ abra más el juego en el reparto de espacios y decisiones en la Cámara.
¨Es buena¨, juran en la Gobernación, por otra parte, cuando se pregunta por la relación de Solá con el Presidente.
Pero la desconfianza siempre está. Néstor Kirchner aprovechó su encuentro con Solá el jueves en un acto en Quilmes para preguntarle qué había acordado con los líderes de la gigantesca movilización piquetera del día anterior a La Plata que reclamó por 20 mil planes sociales de la Provincia que fueron dados de baja.
Esa protesta es impulsada por los sectores piqueteros que le declararon la guerra a Kirchner, con Castells y Pitrola a la cabeza, y en su pedido de explicaciones el Presidente no ocultó su duda de si el Gobernador había negociado y cedido.
¨No prometimos nuevas altas de planes¨, le juró Solá, que
advirtió la desconfianza presidencial.
Y quizás un buen ejemplo de estas tensiones lo sea el nivel alcanzado en torno de la ley que impulsa un grupo de intendentes peronistas para establecer una suerte de ¨fueros¨ para los jefes comunales frente a las causas judiciales que los puedan involucrar, de manera de no ser detenidos hasta que no finalicen los procesos.
Empujando este proyecto no están los 134 intendentes bonaerenses aunque muchos lo miren con simpatía, pero el dato es que el creador de la iniciativa es un grupo de intendentes que está embarcado en una movida política singular y que la idea, resistida por múltiples sectores, ya sirvió para abrir una nueva confrontación con Solá.
UN GRUPO EN BUSCA DE PODER.
Los tres intendentes peronistas elegidos por Kirchner para desarrollar una relación política propia con los llamados ¨jefes territoriales¨ del Conurbano -Hugo Curto de Tres de Febrero; Alberto Descalzo de Ituzaingó; y Julio Pereyra de Florencio Varela-, vienen tratando de darle ¨personería¨ al ¨grupo de los seis¨ que integran con Osvaldo Amieyro de San Fernando; Juan José Mussi de Berazategui y Cacho Alvarez de Avellaneda.
Tres de la Primera y tres de la Tercera, las dos poderosas secciones del Conurbano, los seis integran con matices el generalato del jefe del PJ bonaerense, Eduardo Duhalde.
El grupo busca sistematizar un mecanismo de reuniones semanales en una quinta del sur del Conurbano que los tenga como convocantes de figuras de peso institucional. Entre los invitados que ya pasaron por ese quincho figuran el Gobernador y Duhalde.
Hace diez días estuvieron el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Mosse; el ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero; y el presidente del Banco Provincia, Jorge Sarghini.
El convocado para esta semana es el jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández.
Pero la idea no es sólo de comer asados con gente importante.
El accionar del grupo revela el objetivo de alcanzar representación e incidencia en cuestiones que superan los asuntos municipales.
Aspiran a gravitar sobre decisiones de la Gobernación y a ser la voz ante la Casa Rosada de asuntos de neta índole provincial.
Por caso, a Alberto Fernández lo esperan para hablarle de ¨la necesidad de que la Nación subsidie¨, con 50 millones de pesos anuales, el cambio del sistema de tratamiento de la basura del Conurbano.
Y hay quienes ya se preguntan inclusive cómo piensan compatibilizar el rol de ¨polo de poder¨ que se están buscando con la jefatura de Duhalde en el PJ bonaerense.
UN PROYECTO RESISTIDO.
La cuestión es que ¨los seis¨ son los creadores del proyecto de ¨fueros¨ para los intendentes y lo defienden con uñas y dientes contra la resistencia generalizada, que lo ve como una búsqueda de privilegios frente a la Justicia y lo entiende como una nueva avanzada de ¨la vieja política¨.
¨Nadie dice que los intendentes no vayamos presos si corresponde; lo que no queremos -se defienden- es que cualquier fiscal, como ocurre, ordene la detención de un intendente antes de que haya un avance serio de la investigación; los hombres públicos vivimos de la imagen y a la foto de un intendente que sacan esposado de su despacho no la anula la noticia de su liberación a los tres o cuatro días¨.
En la primera conversación con el Gobernador sobre esta idea Solá hizo una observación inicial: la posibilidad de que la iniciativa fuera combatida desde el gobierno nacional.
Infatigables, algunos de ¨los seis¨ abordaron a Alberto Fernández en el velatorio de la madre de Duhalde, lo pusieron al tanto de la iniciativa y le advirtieron que la postura del gobierno nacional sería decisiva para seguir adelante.
Juran en el grupo que el hombre de confianza del Presidente les dijo que, ¨a priori¨ no le parecía mal, si lo que van a buscar es que los intendentes no sean detenidos ¨sin pruebas suficientes¨.
TEMA NUEVO, BRONCAS VIEJAS.
Mientras tanto Solá comenzó a emitir señales de rechazo a la iniciativa. Y la confrontación estalló el martes pasado, durante la cena con que el Gobernador agasajó, en el porteño Club de Pescadores, a los dirigentes del PJ bonaerense que ¨trabajaron¨ en la movilización de respaldo a Kirchner del día anterior.
En ese escenario, el tema ¨saltó¨ naturalmente cuando Solá se sentó un rato en una mesa poblada de intendentes.
El Gobernador dijo que esa ley eventual sería ¨inconstitucional¨ porque marcaría un privilegio y todos los ciudadanos podrían pedir igual tratamiento.
¨Con ese criterio, los fueros que tienen hace siglos los legisladores son inconstitucionales¨, retrucaron para luego ir a fondo.
¨El año que viene va a ser un año electoral; los fiscales van a estar molestos por la reforma judicial que vos querés hacer ahora para quitarles prebendas y van a ir contra los intendentes, que son los únicos políticos que no tienen fueros, y vos vas a tener que salir a dar la cara por los que metan presos¨, le planteó un intendente a Solá.
¨¿Por qué tengo que sacar la cara por los intendentes, si ninguno me defendió cuando me atacó Corcho Rodríguez?¨, preguntó el Gobernador.
¨Ni un ministro tuyo nos llamó para armar una reacción de defensa en ese caso, si no, lo hubiéramos hecho¨, le contestaron.
La discusión marcó la acumulación de desconfianzas y reproches que alimentan esta relación clave entre la Gobernación y algunos intendentes del oficialismo. Y aguó una reunión que Solá había organizado para tender lazos con una dirigencia con la que todavía no encontró sintonía y que tenía como telón de fondo la movilización del lunes de apoyo a Kirchner, que tuvo como signo de lectura obligatoria un ¨visto bueno¨ distante de Duhalde pero no contó siquiera con su presencia en la Asamblea Legislativa que por primera vez inauguraba el Presidente.
PLATA, MANEJO Y REDITO.
Bajo este cúmulo, con todo, una cuestión capital para el desarrollo bonaerense que permanece sin definición -el reparto de los fondos de la coparticipación federal de impuestos-, encontraría medianamente unidos a los actores provinciales.
La Gobernación sostiene una postura de resistencia a la intención de la Nación de crear un fondo con los recursos adicionales (unos 3.000 millones de pesos, de los cuales los bonaerenses reclaman unos 800 millones), porque ese fondo se destinaría a las provincias pero sería manejado por el gobierno nacional, desde donde se definirían y harían las obras para cada distrito.
Es una resistencia parcial, porque en la Gobernación aceptarían una incorporación ¨progresiva¨ de esos recursos al sistema general de reparto, pero la puja está planteada.
Está claro que lo que la Nación busca es reservarse el manejo de la plata ¨extra¨ y el rédito político que siempre obtiene quién hace las obras; tan claro como que los gobernadores que resisten ese esquema -el cordobés De la Sota y el santafesino Obeid además de Solá, quien conversaría esta cuestión en los próximos días con Obeid- quieren para sí ese manejo y ese rédito.
Pero la postura de estos gobernadores tiene a su favor un fundamento de hierro: que los mayores recursos que recaude la Nación no sean incluidos en el histórico sistema de distribució implicaría vulnerar el principio básico de federalismo y autonomías provinciales que sostiene al sistema, originado en principios más esenciales aún, los previstos en la Constitución para la organización nacional.
Solá no estaría solo en esta postura. El tema preocupa a Duhalde, quien ya habló hace tiempo con Kirchner ¨la necesidad de terminar con la discriminación a los bonaerenses en la coparticipación¨; está inquieto por la falta de avances y en estos días envió señales de que ¨no hay que aflojar¨.
Y también los intendentes del PJ apoyan en general la posición de la Gobernación, aunque en ese sector algunos ya aceptan que la Nación se reserve el manejo de la mitad de los fondos adicionales que le puedan corresponder a la Provincia, que un 30 por ciento vaya a las arcas generales de la Provincia y que un 20 por ciento sea destinado para ¨obras que abarquen a varios municipios¨ y les da lo mismo que esa parte la maneje la Gobernación o la Rosada.
