Hace siete días, los argentinos nos levantamos con la noticia que de la cárcel de máxima seguridad de la localidad de Alvear, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, se habían dado a la fuga los internos Martín Lanatta, Cristian Lanatta y Víctor Schilliaci.
Se trata de tres peligrosos delincuentes, detenidos y condenados a prisión perpetua, por ser considerados autores materiales del triple homicidio de General Rodríguez, ocurrido entre los días 7 y 13 del mes de agosto del año 2008, que cobrara notoriedad no sólo por el hecho en sí, sino también por cruzarse con otras causas que se investigan en la justicia como la "ruta de la efedrina" y la de la "mafia de los medicamentos".
En agosto del pasado año, Lanatta vinculó al por entonces Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández con estas investigaciones, durante la presentación del programa "Periodismo para Todos", emitido por Canal 13 y que conduce el periodista Jorge Lanata.
A partir de entonces, y atendiendo a la gravedad de sus dichos en ese programa, es posible que se determinara resguardar la integridad física y psíquica de los fugados, seguramente cayendo en cabeza del Jefe de la Unidad, el cumplimiento irrestricto de la medida, haciéndolo a su vez, responsable directo de cualquier percance que pudiera ocurrirles.
Ahora bien, ¿puede un Director de Unidad dar certeza que esto se va a consumar conforme lo ordenado? Resulta muy difícil cumplimentar la medida, si no se los ubica en un sitio como la sala de internación de Sanidad. Este y no otro, seguramente, fueron los motivos por los cuales se tomó la decisión de instalarlos en ese lugar, pues el Servicio Penitenciario, no cuenta con lugares especialmente acondicionados para alojar internos que como medida judicial y preventiva deben ser separados del área común de convivencia, para resguardar su integridad física. Existe lo que se denomina SAC (Separación del Área de Convivencia) comúnmente conocido en la jerga carcelaria como "Buzones", pero allí, podrían tener contacto con otros internos con el riesgo que ello implica.
En los grandes medios periodísticos se expuso que un guardia, por profesar una religión, le impedía portar armas. En este punto hay que aclarar, que dentro de la Sección Vigilancia y Tratamiento, está terminantemente prohibido el uso y/o portación de armas. El personal penitenciario cumple sus tareas desarmado, de ahí que sea considerado uno de los trabajos más peligrosos del mundo.
El horario elegido para darse a la fuga, no es casual. A esa hora, la mitad de la guardia se retira a descansar, quedando debilitada la custodia. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las prisiones de la Provincia de Buenos Aires, suele haber un desfasaje tremendo entre personas a vigilar y vigiladores. Es común ingresar a tomar servicios con doce o quince agentes para custodiar mil presos.
Resulta imposible pensar que estos reos puedan haber obrado sin la complicidad de agentes penitenciarios. Es probable que algún o algunos de ellos hayan dado la información sobre el funcionamiento de la unidad, como por ejemplo, el horario en que se resiente la custodia, el personal que estaría a esa hora en tal o cual puesto y hasta algún plano donde figuren las distintas puertas a sortear en su camino hacia la libertad.
Evidentemente, por el curso que tomaron los acontecimientos, los delincuentes fugados no contaban con el apoyo logístico necesario fuera de la Unidad, que les hubiese permitido permanecer ocultos por un largo período de tiempo, pues, según medios extraoficiales, se seguiría de cerca sus pasos, llegando incluso a vaticinarse en algunos medios, que la entrega sería inminente, por encontrarse rodeados por personal policial.
Una pregunta que podría hacerse, es ¿por qué la policía, si los tiene "acorralados" no actúa? Quizás la respuesta habría que encontrarla en la posibilidad cierta que de hacerlo, alguno de los delincuentes pueda llegar a sufrir daño físico o quizás la muerte y esto, resultaría muy perjudicial para el gobierno.
Las cárceles argentinas en general y las de la Provincia de Buenos Aires en particular, han sufrido como muchas otras Instituciones, un marcado deterioro producto de la inoperancia puesta de manifiesto por los sucesivos gobiernos, que no han sabido por inacción u omisión, llevar adelante políticas penitenciarias claras, que tiendan a la resocialización de los delincuentes y no a ser como hasta ahora, meros centros depositarios de reos, a los cuales no se los somete a tratamiento alguno.
La emergencia penitenciaria, ordenada mediante Decreto por la Sra. Gobernadora María Eugenia Vidal, solo tendrá resultados positivos, si es acompañada con la designación al frente de esta Institución, de personas idóneas, honestas, que conozcan el quehacer diario de las cárceles, que tengan experiencia laboral con detenidos. Los nombramientos de profesionales abogados foráneos a la Repartición, sin pretender hacer juicio de valor sobre sus cualidades humanas y/o profesionales, han resultado en rotundos fracasos por la simple cuestión, de desconocer la realidad que deben enfrentar. Es urgente dotar a las unidades penitenciarias del personal suficiente que permita establecer una relación de vigilado/vigilador más coherente y hacer hincapié en el tratamiento penitenciario, con la finalidad de intentar reducir el alto índice de reincidencias.
